Municipalización de la protección de la niñez

Marcelo Sánchez

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Se dirigió a la antigua OPD (Oficina de Protección de Derechos) de una comuna rural de la Región Metropolitana y le dijeron que la oficina ya no existía, pero que ahora una nueva institucionalidad iba a ser una mejor respuesta. Pasaron 3 meses y no recibió ningún llamado. Mientras tanto su pequeño pasó del ausentismo al abandono escolar, una mala junta lo llevó al consumo de alcohol a los 12 años. Ahora le dicen que es mejor que vaya al Servicio de Protección, al mismo que recurrió hace unos días por un programa donde está en una eterna lista de Espera. Tiene miedo, porque si hace tres meses se hubiera hecho algo, la realidad sería otra.

Con el fin de entregar un enfoque integral en la protección de la niñez, se avanzó en la creación de las Oficinas Locales de la Niñez, diseñadas para colaborar estrechamente con las familias fortaleciendo su rol protector, con un adecuado plan de intervención para facilitar el acceso a servicios y programas de apoyo, prevenir y evitar la cronificación de vulneraciones, así como la llegada al Servicio de Protección Especializada. La implementación de las OLN ha implicado un proceso de "municipalización de la protección de la niñez", otorgando a los municipios un papel central, donde los alcaldes juegan un papel clave en su implementación y operación, por lo que su liderazgo y compromiso son esenciales para el éxito de estas oficinas.

Esta descentralización ha puesto de manifiesto desafíos importantes, como la variabilidad en la capacidad y el compromiso de los municipios, la falta de recursos financieros y humanos adecuados, y la ausencia de poderes administrativos claros para asegurar una coordinación intersectorial efectiva. La escasez de recursos y la limitada concurrencia de la oferta de otros sectores y servicios del Estado, han llevado a una atención desigual y, en algunos casos, insuficiente para las familias que acuden a estas oficinas

Informes de la Defensoría de la Niñez han revelado serios problemas en la implementación de las OLN, como la falta de poderes administrativos y recursos adecuados, limitando su capacidad para garantizar una gestión intersectorial efectiva, lo que representa un riesgo considerable para el sistema de protección infantil. Una clave que debiera orientar la discusión del Proyecto de Armonización en la Cámara de Diputados, a fin de establecer mecanismos de exigibilidad y sanciones al intersector que no concurra en oportunidad y cobertura con la oferta demandada.

Todo esto conlleva una lesión importante a la capacidad de las OLN para gestionar casos de manera eficiente y lograr los resultados esperados en términos de protección y restitución de derechos, más aún, implementar modelos de gestión preventivos con una oferta integral oportuna y de calidad disponible en la comuna.

La autoridad local debe entender la magnitud del desafío que está asumiendo, porque -más allá de la administración del equipo dispuesto por la Subsecretaría de la Niñez- son garantes del funcionamiento de una Ley que no cuenta con mecanismos de exigibilidad para darle fuerza al sistema. Lo que requiere, por tanto, de modelos y programas con evidencia adosados a su función para responder de cara a las familias que lleguen al municipio buscando una respuesta para el bienestar de sus hijos.