Siete años del Mayo Feminista: desafíos y reflexiones pendientes

Emilia Schneider Videla

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^{Coescrita con Rosario Olivares Saavedra, profesora de Filosofía y doctora en Estudios Americanos}

Para el movimiento feminista, al igual que para todos los movimientos sociales, existen hitos que marcan momentos de inflexión y avance en sus demandas históricas. Mayo de 2018 fue, para la educación y los feminismos, un acontecimiento clave que evidenció la necesidad urgente de un cambio frente a problemáticas y violencias que llevaban años siendo padecidas, discutidas y reflexionadas en los espacios educativos.

Hoy, a siete años de aquel momento, hemos logrado algunos avances desde distintos espacios, pero también enfrentamos grandes desafíos que aún están pendientes. Sobre ellos queremos compartir una breve reflexión.

Las denuncias de violencia de género en las universidades derivaron en la Ley N° 21.369, que fue publicada el 15 de septiembre de 2021, con el objetivo de establecer normas para regular el acoso sexual, la violencia y discriminación de género. Las universidades cuentan hoy con Protocolos que regulan y sancionan estas conductas, y que incluye también, proceso de sensibilización, porque como sabemos, no es suficiente con protocolos. Se necesitan cambios mucho más profundos.

Como todo proceso regulatorio, estos mecanismo presentan falencias, por lo que es fundamental revisarlos periódicamente de manera colectiva y triestamental. En este marco, no podemos eludir una discusión clave: la tendencia a un enfoque punitivista, que puede desvirtuar el sentido formativo y democrático que debería tener las universidades como espacios de reflexión, aprendizaje y pensamiento crítico.

Frente a esta discusión, hoy contamos con valiosos avances de investigadoras y académicas feministas que están reflexionando críticamente la justicia restaurativa, como una respuesta colectiva y comunitaria, orientada a que estás situaciones no se vuelvan a repetir. Esta perspectiva plantea una reparación sustantiva de la víctima, en la que victimario asuma su responsabilidad y el colectivo acompañe el proceso, reconociendo que este tipo acciones y violencia no ocurren de manera aislada, sino que forman parte de un problema estructural que está presente en nuestras sociedades.

Con todo, las funas y cancelaciones continúan siendo utilizados como mecanismos de denuncias frente a situaciones que muchas estudiantes consideran injustas o sin resolución. Sin embargo, ¿qué ocurre después de la funa? Seguimos enfrentando en la actualidad a un problema profundo y que requiere no dejar de abordar su discusión de manera sostenida y seria. La funa, que tuvo su origen en la dictadura -y es retomada en el siglo XXI por el movimiento feminista-, expresa la falta de acceso a la justicia y la reparación. Pero, al igual que los protocolos institucionales, no es suficiente por sí misma.

Si entendemos que el género es una construcción social, debemos reconocer de igual forma que la condición humana no se reduce a categorías binarias de blanco o negro. Existen matices, zonas grises, que son fundamentales cuando hablamos de personas que están en procesos de formación. Por eso es urgente construir respuestas que no solo terminan en sanciones acordes a las gravedad de los hechos, sino que consideren la complejidad, los contextos y las posibilidades de transformación.

En el ámbito de la educación escolar, seguimos teniendo una importante deuda en relación con la Educación Sexual Integral, la que podría aportar un marco fundamental para promover transformaciones significativas entre docentes, infancias y juventudes. Estos cambios apuntan, entre otros objetivos, prevenir el abusos sexuales infantil, fomentar el desarrollo pleno de la afectividad y de los diversos proyectos de vida, promover el aprendizaje de conocimientos libres de sesgos de género, construir una convivencia escolar pacífica y saludable, incluir las diversidades sexuales, la prevención tanto la violencia de género como otras formas de discriminación.

En gran parte del mundo, la Educación Sexual Integral es reconocida como un derecho humano que debe garantizarse desde la primera infancia. Esto implica pensar en procesos educativos que contemplen el enfoque de género, afectividad y sexualidades, el desarrollo progresivo de las personas, la pertinencia de cada contexto, la participación activa de las comunidades educativas y las familias, y la formación inicial docente.

Lo que sucede tanto en la universidad como en la educación escolar tiene un trasfondo en común, por lo que debe ser abordado de manera articulada y conjunta. Solo así podremos construir un concepto de educación que promueva una vida libre de violencias como base para nuestra sociedad.

El mayo feminista sigue siendo un hito presente en nuestra historia, recordándonos la necesidad de seguir avanzando en defender la vida como un valor fundamental. En un contexto global marcado por el odio y la violencia que muchas comunidades de mujeres y diversidades sexuales enfrentan a diario, es precisamente en estos momentos cuando la educación debe volver a ocupar un lugar central en las preocupaciones de nuestras sociedades. Solo así podrá constituirse en un espacio que siga contribuyendo a construir un futuro más justo, esperanzador y mejor para todas las personas.