Un preinforme de Contraloría puso la alerta. Esta vez no se trataba de licencias médicas fraudulentas ni tampoco funcionarios públicos apostando en casinos. El caso es aún más angustiante, porque involucra directamente la dignidad y la integridad de quienes deberían ser objeto de protección especial. No solo por su condición de niños, sino también porque, a su corta edad, les tocó vivir en un contexto de pobreza estructural, en medio de una profunda crisis política y bajo un Estado fallido que no logra entregar estándares mínimos de seguridad a su población.
Ante esa espiral de vulneraciones, lo esperable de un Estado como el chileno, que se jacta de ser funcional e institucionalizado, era terminar con ese doloroso ciclo de desprecios y asegurar que en su destino fuera posible el amor y la protección. Pero quizás ese Chile de instituciones fuertes y garantes nunca ha sido, al menos en materia de niñez, como nos autoconvencimos que era. Fiel reflejo de esto es lo relativo al cuidado alternativo residencial de niños, niñas y adolescentes, que sigue mostrando deficiencias estructurales: sobrecupos, hacinamiento, explotación sexual, personal insuficiente.
La negligencia inexcusable del Estado de Chile tiene hoy a decenas de niños haitianos sin paradero conocido. Cada detalle que se conoce es más preocupante que el anterior, porque da cuenta de una cadena sistemática de fallas. Las autoridades del gobierno en que se produjo esta situación parecen más ocupadas en defender sus propias versiones y evitar ser juzgadas públicamente que en entregar antecedentes que permitan encontrarlos.
¿Cómo se explica que adultos ingresen y salgan de Chile, en reiteradas ocasiones, a cargo de grupos de menores con quienes no tienen vínculos sanguíneos ni autorizaciones legales mínimas? ¿A nadie le pareció sospechoso o digno de una investigación exhaustiva? Al menos, al exdirector nacional de migraciones no le pareció que se justificara una revisión especial. Podrían ser contrataciones de servicios de acompañamiento, sostuvo en una entrevista radial. El mismo que mandató flexibilizar los trámites migratorios de personas de nacionalidad haitiana.
Con toda la maraña de inspecciones al entrar a Chile -¡no vaya a ser, con razón, que te pillen una planta, semilla o madera no declarada!- resulta a lo menos extraño la revisión descuidada de antecedentes. Una inexplicable falta de validación de documentos de los adultos responsables, niños que viajaron para reencontrarse con su padre que resultó estar muerto, desarticulación institucional (¿Dónde estuvo la Subsecretaría de la Niñez para asegurarse del destino de esos niños?) y ausencia de trazabilidad.
Debe ser de anhelo nacional que la fuerza de tarea convocada por el Gobierno rinda frutos y esos niños se encuentren bajo el cobijo de una familia y al interior de una casa acogedora; que estén viviendo una vida normal, lejos de las vulnerabilidades a las que han sido injustamente expuestos; que las alertas levantadas sean solo una mala coincidencia y que esta sea solo una lección para fortalecer nuestras capacidades interinstitucionales. Luego, cuando esa labor acabe, tendrá lugar el ejercicio de las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan, cuestión elemental en una democracia donde las autoridades deben dar cuenta de sus acciones y omisiones.
Ante la indiferencia frente a la precariedad de la niñez, Gabriela Mistral escribió con lucidez: "Piececitos de niño, / azulosos de frío, / ¡cómo os ven y no os cubren, / Dios mío!". Esa pregunta, escrita en otro Chile, parece volver frente a un sistema donde tantos niños siguen siendo invisibles.