Niños y niñas haitianos: ¿Quién responde por el daño?
Los 64 niños y niñas haitianos aparecieron. Las hipótesis de tráfico y trata fueron descartadas. Su ingreso al país se realizó mediante mecanismos de reunificación familiar. La mayoría se encuentra junto a sus familias, vinculada a los sistemas de educación y salud.
Pero la verdadera pregunta no es dónde estaban los niños, niñas y adolescentes haitianos que llegaron a nuestro país, porque sencillamente siempre estuvieron. La verdadera pregunta es quién responde por el daño que se produjo tras las denuncias equivocadas mientras eran buscados.
Porque durante días se instaló una sospecha de enorme gravedad sobre una comunidad completa. Se habló de desapariciones, de redes criminales y de responsabilidades políticas. Se emplazó a autoridades, se exigieron explicaciones y se levantaron hipótesis que rápidamente ocuparon titulares, editoriales y espacios de opinión. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, los niños y niñas fueron apareciendo. Las familias fueron encontradas. Las acusaciones más graves comenzaron a desmoronarse.
No es casual que esto haya ocurrido con niños y niñas haitianos. La comunidad haitiana ocupa un lugar particular dentro de la jerarquía de prejuicios que todavía operan en la sociedad chilena. Es una comunidad que ha debido demostrar constantemente su legitimidad para habitar el espacio público; una comunidad sobre la cual se proyectan temores, estereotipos y sospechas que rara vez recaen con la misma intensidad sobre otros grupos migrantes.
Por eso resulta tan fácil instalar dudas sobre ellos. Por eso resulta tan sencillo construir relatos donde aparecen como víctimas de redes de tráfico o como protagonistas involuntarios de teorías alarmantes. Y por eso mismo resulta tan difícil reparar el daño cuando la realidad termina contradiciendo las sospechas.
La comunidad haitiana sabe bien de qué se trata aquello. Sabe de acusaciones infundadas, de violencia institucional y de las consecuencias que tiene ser juzgada antes de ser escuchada. El caso de Joane Florvil sigue siendo uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia reciente. Una mujer haitiana fue acusada, expuesta públicamente y sometida a una serie de negligencias institucionales antes de que alguien intentara comprender lo que realmente estaba ocurriendo. La sospecha fue más rápida que la verdad. Exactamente como ocurre tantas veces cuando el prejuicio ocupa el lugar de la evidencia.
Por eso sorprende la facilidad con que algunos líderes de opinión se sintieron autorizados para construir conclusiones antes de conocer los antecedentes. La labor del periodismo consiste en formular preguntas incómodas, fiscalizar al poder y exigir respuestas. Nadie discute aquello. Lo problemático ocurre cuando las preguntas dejan de buscar respuestas y comienzan a insinuar culpabilidades.
La pregunta "¿dónde están los niños?" era necesaria. Lo que no era necesario era convertir esa pregunta para instalar sospechas sobre personas, comunidades o autoridades sin información suficiente para hacerlo. Existe una diferencia fundamental entre investigar y especular; entre alertar y alarmar; entre informar y alimentar el miedo.
Más preocupante aún es que muchas de las voces que se mostraron indignadas por el supuesto destino de estos niños rara vez han demostrado el mismo interés por las condiciones concretas en que viven las familias haitianas en Chile. Poco se escucha sobre las barreras que enfrentan, las dificultades de acceso a servicios públicos, las experiencias cotidianas de discriminación o las brechas de integración que persisten después de años de residencia en el país.
Los niños aparecieron. Sin embargo, nadie parece estar preguntando quién se hará cargo de reparar el daño provocado por días de sospechas, insinuaciones y acusaciones que terminaron sin sustento. Quizás esa sea la discusión que realmente debemos tener. No sólo dónde estaban los niños y niñas, sino también por qué seguimos sintiéndonos tan cómodos sospechando de ciertas comunidades antes de escuchar lo que tienen que decir.
Y, al mismo tiempo, preguntarnos desde dónde algunos comunicadores y líderes de opinión se sienten investidos de una autoridad moral incuestionable para señalar culpables, emplazar públicamente a personas o instalar verdades anticipadas cuando los hechos aún están en desarrollo. Porque tener una tribuna pública no otorga el privilegio de estar por encima de la evidencia; por el contrario, exige una responsabilidad aún mayor con ella. Sobre todo cuando lo que está en juego no es sólo la búsqueda de la verdad, sino la dignidad de comunidades que históricamente han debido cargar con el peso del prejuicio y la sospecha.