La promesa del tecnosolucionismo frente a problemas analógicos
El avance hacia la receta médica electrónica obligatoria se ha instalado como una medida necesaria para mejorar la trazabilidad, fortalecer la fiscalización y aumentar la seguridad en el uso de medicamentos. En lo esencial, ese diagnóstico es correcto. La digitalización ofrece oportunidades reales de mejora en sistemas complejos como el sanitario.
El problema aparece cuando la discusión se simplifica y se instala una expectativa implícita: que digitalizar equivale a resolver. Esa es la lógica del tecnosolucionismo, una forma de abordar problemas complejos confiando excesivamente en soluciones tecnológicas, sin hacerse cargo de sus dimensiones institucionales, regulatorias y culturales.
La experiencia de las licencias médicas electrónicas en los últimos cinco años es ilustrativa. Su implementación ha permitido mejorar la trazabilidad y generar mayor disponibilidad de información. Sin embargo, también ha mostrado que los problemas de fondo -uso indebido, incentivos mal alineados, debilidades en la fiscalización- no desaparecen por el solo hecho de digitalizar. En algunos casos, incluso, se hacen más visibles o se amplifican.
La receta electrónica enfrenta un riesgo similar. Tiene un potencial relevante, especialmente en el control del uso de medicamentos y en la reducción de falsificaciones. Pero su impacto dependerá menos de su obligatoriedad que de cómo se implemente. No se trata solo de pasar del papel a la pantalla, sino de rediseñar procesos, fortalecer capacidades y generar condiciones para que la información producida pueda transformarse efectivamente en mejores decisiones.
Un ejemplo concreto ayuda a dimensionar el punto. En Chile, la venta de medicamentos que requieren receta médica -incluyendo antibióticos y psicotrópicos- ocurre en la práctica cotidiana, muchas veces al margen de la normativa. Esa realidad no se explica por el tipo de soporte de la receta, sino por fallas en la fiscalización, incentivos comerciales y debilidades regulatorias. Pensar que la receta electrónica, por sí sola, va a corregir ese fenómeno es sobredimensionar el rol de la tecnología.
Uno de los desafíos centrales es la interoperabilidad. No basta con que existan sistemas digitales; estos deben comunicarse entre sí. Sin estándares comunes, lo que se construye no es un sistema, sino una suma de plataformas desconectadas. La digitalización, en ese escenario, no integra: fragmenta.
A ello se suma la capacidad institucional del sistema en su conjunto. La digitalización genera datos, pero no necesariamente inteligencia. Convertir información en decisiones requiere capacidades que no están igualmente distribuidas entre los distintos actores. Tener más datos no es lo mismo que tener mejor política pública.
Aquí aparece una distinción fundamental que suele quedar fuera del debate: producir datos y gobernarlos son desafíos distintos. La digitalización facilita la captura y circulación de información, pero no resuelve por sí misma las preguntas sobre su uso, interpretación y capacidad de generar acción. La gobernanza de datos exige reglas, capacidades analíticas, coordinación institucional y mecanismos de rendición de cuentas. Sin ello, la promesa de la transformación digital corre el riesgo de reducirse a una acumulación creciente de información con escasa capacidad de producir cambios sustantivos.
La fiscalización, por su parte, también tiene límites. La digitalización permite detectar patrones anómalos con mayor facilidad, pero generalmente lo hace de manera posterior. Es decir, identifica problemas una vez que ya ocurrieron. Sin estrategias preventivas y capacidad para intervenir oportunamente, el riesgo es acumular información sin modificar conductas.
Además, cuando los sistemas se diseñan principalmente desde la lógica del control, pueden generar efectos no deseados. Sistemas excesivamente rígidos pueden fomentar conductas defensivas, burocratizar la atención o tensionar la relación entre profesionales y pacientes. La tecnología no es neutra: además de registrar comportamientos, también contribuye a moldearlos.
Otro elemento clave es la implementación. La transformación digital en salud no consiste simplemente en incorporar nuevas herramientas, sino en modificar procesos de trabajo y formas de interacción entre instituciones. Por ello, la gradualidad no es una concesión operativa, sino una condición de éxito. Cambiar prácticas, adaptar equipos, generar confianza y corregir errores requiere tiempo.
Nada de esto implica oponerse a la receta electrónica. Al contrario: bien implementada, puede constituir un avance significativo para el sistema de salud. Pero el debate legislativo debiera ser una oportunidad para discutir no solo cómo digitalizamos las recetas, sino también cómo fortalecemos las capacidades del sistema para utilizar la información que generan, fiscalizar de manera efectiva y orientar mejor los comportamientos que buscamos modificar. Porque los problemas complejos rara vez desaparecen cuando se digitalizan. Con frecuencia, simplemente adquieren una nueva interfaz.