Recortar recursos no siempre implica ahorrar
En los últimos meses, el debate se ha concentrado en los recortes presupuestarios que el Gobierno ha debido realizar en ministerios y servicios. Las cifras aparecen en los titulares, se comparan montos y se discute cuánto se reduce aquí o se mantiene allá. Sin embargo, ¿un recorte presupuestario significa una gestión más eficiente?
Desde la perspectiva de los costos, la respuesta es más compleja. En las empresas, existe una idea que se repite cuando los recursos escasean: reducir gastos. Quienes trabajamos en el ámbito de los costos sabemos que disminuir desembolsos no siempre genera eficiencia. Una organización puede gastar menos y, al mismo tiempo, entregar un peor servicio, perder productividad o generar costos aún mayores en el futuro.
Algo similar ocurre en el sector público. Cuando se anuncia un recorte presupuestario, la primera impresión suele ser positiva. Después de todo, pareciera que se ahorra dinero. Pero ¿qué ocurre con los resultados que reciben las personas?
Si un servicio público cuenta con menos recursos, ¿se mantienen los tiempos de atención? ¿Se conserva la cobertura? ¿Se cumplen los objetivos comprometidos? ¿Se afecta la calidad del servicio entregado a la ciudadanía? Si las respuestas son negativas, quizás no estamos frente a una mejora de la eficiencia, sino frente a una reducción del gasto. La diferencia es importante.
En gestión de costos, la eficiencia consiste en obtener mejores resultados utilizando adecuadamente los recursos disponibles. No se trata solo de gastar menos, sino de generar valor.
Un hospital que reduce gastos administrativos, pero logra mantener la atención de los pacientes, podría estar siendo más eficiente. Pero si la disminución de recursos aumenta las listas de espera, retrasando diagnósticos o sobrecargando al personal, el supuesto ahorro es discutible.
La discusión no es teórica. Hace apenas unas semanas se conoció que el Hospital Sótero del Río, uno de los recintos hospitalarios más grande del país, mantiene una lista de espera cercana a 90 mil pacientes, mientras enfrenta importantes restricciones presupuestarias. Casos como este recuerdan que la eficiencia no puede medirse únicamente por cuánto se reduce el gasto, sino también por la capacidad de seguir respondiendo oportunamente a las necesidades de las personas.
Lo mismo ocurre con la educación, la seguridad, la fiscalización o los programas de apoyo a emprendedores. Los efectos de una reducción presupuestaria no son inmediatos ni visibles en una planilla. Aparecen meses después, cuando aumentan los tiempos de respuesta, disminuye la cobertura o se deteriora la calidad de las prestaciones.
Por eso es relevante incorporar una mirada de costos más amplia, cuando analizamos las cuentas públicas. No basta con observar cuánto dinero se deja de gastar. También debemos preguntarnos cuáles son las consecuencias de esa decisión y quién termina asumiendo esos efectos.
Las organizaciones modernas evalúan su desempeño por sus niveles de gasto, pero también consideran indicadores de calidad, satisfacción de usuarios, tiempos de respuesta e impacto. El sector público no debiera ser una excepción. El debate sobre el gasto público requiere superar la lógica simplista de que todo recorte es una buena noticia o que todo aumento presupuestario es necesariamente positivo. La discusión debe centrarse en el valor que se genera para las personas.
A veces, el gasto desaparece de un presupuesto, pero el costo permanece en la realidad. Aparece en una atención que demora más de lo esperado, en un servicio que pierde capacidad de respuesta o en una necesidad que queda sin resolver. Y ese es un costo que, tarde o temprano, terminamos pagando entre todos.