Fortalecer la Educación Pública, responsabilidad prioritaria y permanente del Estado
La historia de la educación en Chile está indisolublemente ligada a la historia de la escuela y del liceo público, y a la ruta que han seguido las políticas públicas en esta área de la vida del país. La Primera Ley de Instrucción Primaria de 1860 y la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920 sentaron gradualmente las bases del sistema escolar chileno, cuyo rasgo histórico fundamental ha sido, y es, la composición mixta del sistema en el que participan instituciones públicas y privadas con y sin subvención estatal.
No obstante, el sistema escolar chileno -desde 1920 y hasta 1970- vivió un sostenido proceso de expansión y de consolidación de la educación pública, proceso gracias al cual se alcanzó la universalidad de la matrícula en la Enseñanza Básica, acompañada de altos niveles de calidad, equidad e integración social. La escuela y, en especial, el liceo chileno, con todas sus limitaciones, se caracterizaron por constituirse en un espacio de encuentro y de socialización de diversas capas y sectores del país. En una sala de clases chilena, era posible reconocer a hijas e hijos de familias de sectores medios, compuestos por profesionales, comerciantes y funcionarios públicos, quienes convivían en la cotidianidad de la vida escolar con hijas e hijos de familias obreras.
No se trata de romantizar la historia de la escuela y del liceo público, instituciones que, en particular este último, excluyeron a importantes sectores del país como el campesinado. Sin embargo, es necesario recordar la historia de Chile como memoria colectiva y también como disciplina, la que reconoce que la escuela y el liceo público contribuyeron de modo significativo a la edificación de una sociedad con una determinada identidad cultural y con altos niveles de cohesión social.
Esta contribución, fue el resultado de un amplio y estable acuerdo país que, en su momento, reconoció la necesidad de avanzar hacia una sociedad más cohesionada y justa, mediante, entre otras, de una serie de políticas educativas con un mismo sentido orientador. Y lo que destaca en este proceso histórico, es que gobiernos de diverso cuño político-ideológico, de derecha, centro e izquierda, impulsaron y dieron continuidad a este tipo de políticas, generando con ello, las bases de un sistema educativo prestigioso y respetado a nivel regional y mundial.
Sin embargo, desde 1981, con las reformas estructurales implementadas por la dictadura, se inició un proceso en el sistema educativo, que significó la fractura y la cancelación de esta tendencia histórica. Se implementaron políticas educativas que redujeron sistemáticamente la participación del estado en la educación, privilegiando la participación de privados y promoviendo lógicas de mercado y de selección-competencia en la dinámica del sistema, lo que se tradujo en la configuración de un sistema educativo altamente segregado e inequitativo, con serias dificultades para proveer educación de calidad a la mayoría de la población.
Hasta la década de los 2000, este proceso significó un claro deterioro en los logros de aprendizaje alcanzados por el estudiantado, el que fue acompañado por fenómenos tan complejos como cuestionables, como son el lucro privado con fondos públicos destinados a la educación de los más desfavorecidos o la expulsión sistemática de masas de estudiantes que nos llevan a alcanzar la vergonzosa cifra de casi 5 millones de chilenos que no logran los doce años de escolaridad obligatoria.
Ante este escenario y como efecto de las movilizaciones de estudiantes y docentes, se dictan políticas públicas que traen en su seno la recuperación gradual de la educación pública. Es así como en 2008 se dicta la Ley de Subvención Escolar Preferencial, en 2015 la Ley de Inclusión Escolar y el nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) y en 2017, la Ley de Nueva Educación Pública. Y también, desde entonces, se recuperó la tendencia histórica de dar continuidad y sostenibilidad a las políticas educativas, para propiciar su plena y total implementación.
Los efectos de estos cambios son registrados por un estudio realizado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, publicado el año 2024, en el que se afirma que la segregación social en el sistema escolar chileno, en Cuarto Básico habría llegado a su nivel más bajo en dos décadas, dado que se redujo en 34%, mientras que en Segundo Medio la disminución habría alcanzado 27%.
El país necesita que las autoridades gubernamentales y parlamentarias tomen conciencia respecto de esta situación. La polarización social, la violencia, la delincuencia, la corrupción, la falta de adhesión al sistema democrático, así como la evidente pérdida de competitividad de la economía chilena, requieren con urgencia de soluciones que solo pueden provenir de un sistema escolar que sea el espejo de la sociedad que queremos construir en el futuro.
Para ello, se requiere establecer una serie de procesos que protejan y no tiren por la borda los avances que la evidencia pone a disposición de todos, respecto de cómo se supera la segregación escolar y, de ese modo, se contribuye a la edificación de una sociedad más inclusiva y justa. Es de esperar que la política sea capaz de generar un amplio proceso de diálogo y de acuerdos que eviten retroceder en los escasos avances que nuestro sistema educativo ha tenido.