Durante el último tiempo Chile ha avanzado en nuevas leyes y normativas que pretenden establecer una sociedad más justa e igualitaria para las mujeres. Entre ellas, la ampliación del postnatal a seis meses, la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el establecimiento de una Convención Constitucional paritaria, hecho inédito en el planeta y que debiera ser motivo de orgullo para todas y todos.
Sin embargo, aún estamos muy lejos de poder denominarnos un país feminista, considerando la gran cantidad de discriminaciones y desigualdades que las afectan en el ámbito laboral, social, cultural e incluso familiar.
Como sabemos, a lo largo de la historia chilena ha predominado un modelo de familia anclado en relaciones y roles de género tradicionales dentro del matrimonio, familia en la que el hombre asume el rol de proveedor, mientras que las mujeres la crianza y cuidado de las y los hijos. Como sabemos también, este concepto de familia hoy se encuentra cuestionado a la luz de los cambios en los patrones culturales de sus integrantes y particularmente de las mujeres, hoy protagonistas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.
A ello cabe agregar la necesidad de reconocer otras formas de construir familia no ligadas al matrimonio que han emergido, y en ambos casos sin que se haya actualizado el marco legal que permita darles coherencia y en particular haga de la crianza y el cuidado de los y las hijas una responsabilidad compartida, particularmente para el caso de las mujeres en contextos de divorcio o separación.
En este escenario, junto a un grupo transversal de diputadas y diputados ingresamos hace algunos días un proyecto de ley que pretende establecer como regla general la tuición compartida. Es decir, redistribuir la responsabilidad que mayoritariamente siguen asumiendo las mujeres en relación al cuidado y crianza de las y los niños y adolescentes, y reconocer de una vez por todas la igualdad entre padres y madres respecto de los deberes y derechos sobre sus hijos e hijas. Para ello se consagran tiempos equivalentes de crianza y cuidado entre el padre y la madre, a excepción de que se constaten o acrediten situaciones de maltrato físico o psicológico, o bien que ambos lleguen a un trato distinto de común acuerdo.
Al respecto, un informe emitido por la Biblioteca del Congreso -a raíz de la experiencia de países como Holanda, España y Francia- señala: "Estudios muestran que el divorcio afecta el bienestar de la madre y el padre cuando la residencia la conserva el otro padre. Mientras las madres bajan su nivel de bienestar, independientemente del nivel de contacto con sus hijos, el nivel de bienestar de los padres mejora notablemente al tener contacto frecuente con sus hijos. Ambos padres suben su nivel de bienestar en el caso de custodia compartida (con alternancia de residencia)".
Iniciativas como estas van en la dirección de promover la corresponsabilidad y una distribución más equilibrada respecto de los roles de género en las tareas de crianza. Es un paso necesario para comprender que de esta manera es posible ir transformando reglas sociales y culturales a las que nos hemos acostumbrado y que terminan por reforzar estereotipos para madres y padres.
Junto con esto, nos permitirá avanzar hacia una mayor igualdad de género y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, además de permitir a las y los niños gozar de un contexto familiar en el que ambos padres están presentes. Como en muchos casos, la vida cotidiana de las y los chilenos ha avanzado más rápido que nuestra legislación y ya es hora de hacernos cargo de estos rezagos.
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