Vecinos del sector lo encontraron en el borde de la laguna. Con un impacto de bala fue muy difícil reanimarlo. Sin nada que diera cuenta de su identidad, sólo se distinguía su corta edad. Un adolescente. Probablemente, aún a la espera de una presunta desgracia, hay una madre angustiada sin saber el destino de su hijo. Un NN que entrará al Servicio Médico Legal en espera de un indicio para entender el fatal desenlace. Anónimo, como lo es su muerte en medio de las noticias del fin de semana, uno de los más sangrientos de los últimos meses en que se perdió casi una decena de vidas. Hoy ya no es noticia.
Nos estamos acostumbrando. Si no son más de 10 no será portada, aunque para una madre da lo mismo, su dolor es infinito. Las estadísticas del Ministerio Público son elocuentes y dan cuenta de un aumento sostenido en la tasa de victimización de niños y adolescentes durante los últimos 5 años, más aún, observamos que en 2023 -pese al descenso de 6% en la tasa global de homicidios- en el caso de los niños y adolescentes víctimas esa tasa aumenta 22,2%, dando cuenta que el costo de la delincuencia y del crimen organizado lo están pagando los niños.
Por otra parte, ha sido el narcotráfico el que ha desarrollado como estrategia el involucramiento de niños y jóvenes en sus redes delictivas, de esa forma logra trasladar el costo punitivo de las acciones más violentas hacia los niños, valiéndose de la protección legal que se les ha otorgado con un sistema penal distinto con foco en le rehabilitación. Asimismo, el crimen organizado logra romper la cohesión social en el territorio, donde difícilmente un papá, una mamá o una abuelita cooperará con las autoridades si algún niño suyo pertenece a bandas delictivas. Se hace entonces mucho más difícil la persecución penal por parte de los órganos investigadores.
Con todo esto, se observa cómo 6 de cada 10 víctimas que caen producto de la delincuencia lo hacen en contextos delictivos, gran parte siendo protagonistas. Por lo mismo, urge levantar una Agenda Temprana de Prevención Social que vuelva a fortalecer aquellos espacios protectores que han sido erosionados por la delincuencia. Hoy se está instalando el Sistema de Protección Integral de la Niñez, bajo el soporte de la Ley de Garantías que da el marco para su instalación, sin embargo, se requiere no sólo de una mayor velocidad, sino de una propuesta vigorosa de modelos de gestión y oferta de programas preventivos con evidencia que sean la base del trabajo de las oficinas locales de la niñez. La potestad administrativa es fundamental para que el intersector pueda entregar un sistema preventivo, capaz de instalar factores protectores donde emergen con fuerza riesgos que desencadenan en conductas problemáticas en el desarrollo de la niñez, en los ámbitos de la familia, de la escuela y de la comunidad.
Desde lo público, el sistema Chile Crece Contigo debe reforzar su oferta programática con el mayor estándar posible. Así también, hay experiencias en el sector privado que deben escalarse desde esta nueva institucionalidad. Modelos como "Communities That Care" son reconocidos en el mundo y están disponibles en Chile, al igual que programas como Familias Unidas, PMTO, ICPS, Kiva, Triple P, Hippy y la Terapia Multisistémica. Junto con fortalecer la oferta de las oficinas locales, urge resolver las listas de espera en el Servicio de Protección, que cuadruplican las que había en el antiguo Sename. La niñez, en especial la más vulnerada, está en Crisis y debemos transformarla en una prioridad inexcusable. No podemos seguir normalizando la muerte de los niños. Un niño, son todos los niños.
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