Tal como se esperaba, la Cámara de Diputados brasileña votó a favor del juicio político o impeachment a la Presidenta Dilma Rousseff. Por lo tanto, ahora corresponde que una comisión de la Cámara Alta estudie el caso, para que posteriormente el Senado en pleno vote si finalmente la Mandataria es alejada de sus funciones. Una decisión que podría tener a Rousseff hasta 180 días fuera del gobierno, período durante el cual el Vicepresidente Michel Temer asumiría como Presidente al tiempo que el Senado investiga las acusaciones.
Que el juicio político llegara hasta este punto, y todo indica que seguirá adelante, representa un verdadero desafío para Brasil, porque independiente del resultado final del impeachment, sus efectos irán mucho más allá de la actual Mandataria.
Los cargos que se le imputan a Rousseff tienen que ver con su supuesta responsabilidad al haber manipulado las cuentas federales durante 2014 y 2015, para así mostrar un mejor resultado(sobre todo al momento de su reelección). Pero la sensación es que la mayoría de los brasileños que han salido a las calles a pedir su renuncia, en el fondo, están juzgando a toda la clase política brasileña.
Es que los escándalos de corrupción han salpicado a casi todo el espectro político del país, comprometiendo incluso a figuras tan importantes como el propio Temer y al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Tanto la Mandataria como el ex Presidente Lula sostienen que todo este proceso es un golpe de Estado. Sin embargo, este mecanismo está claramente establecido en los artículos 85 y 86 de la Constitución brasileña. Es decir, es una herramienta constitucional dentro de un sistema político democrático.
Si finalmente el juicio político encuentra culpable a Rousseff y ella es alejada del gobierno, la verdadera crisis no habrá acabado. Temer y Cunha están en la mira de la justicia y no tardarían en aparecer pedidos de impeachment en contra de ellos.
Además, si este caso ya ha polarizado a la sociedad y al mundo político brasileños, la salida de Rousseff solo profundizaría la grieta de un país que atraviesa por una gravísima situación económica.
En ese contexto, una salida real sería llamar a elecciones generales antes de 2018 y renovar no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y otras autoridades del país.
Una señal potente de la voluntad de cambio político, y la posibilidad concreta de que los brasileños ejerzan su voluntad a través de las urnas y no solo en las calles.
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