El derecho internacional se está poniendo a prueba en Gaza

Gil Artzyeli

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Un principio central de las normas de los conflictos armados es que, incluso cuando una de las partes involucradas viola y desprecia la ley, la otra parte sigue obligada a respetarla.

Cualquiera que haya escuchado el testimonio de los sobrevivientes de la masacre de Hamás del 7 de octubre o haya visto las espantosas grabaciones de asesinatos, torturas y mutilaciones, tendría dificultades para pensar en un crimen de guerra o de lesa humanidad que los bárbaros no hayan cometido.

Aun así, Israel está obligado a respetar las leyes que Hamás incumple, y para eso incorpora el derecho internacional en todos los aspectos del uso de la fuerza armada, desde brindar capacitación legal al personal militar hasta integrar la supervisión legal en la planificación operativa y la toma de decisiones. En el corazón de este compromiso está la convicción de que, como lo afirmara el presidente Biden en su reciente visita a Israel, "las democracias son más fuertes y más seguras cuando actuamos conforme al estado de derecho".

Pero cabe preguntarse si el derecho internacional efectivamente cuenta con las herramientas para enfrentar y derrotar a un enemigo terrorista. Porque si el derecho internacional no supera esta prueba, es poco probable que los estados que se enfrenten a amenazas similares lo respeten en el futuro.

Por esta razón, las declaraciones de funcionarios internacionales que tergiversan el derecho internacional y reescriben sus principios no solo son un regalo para Hamás, sino que constituyen además una gran amenaza para la capacidad de cumplir con el derecho internacional en otras situaciones de conflicto.

Consideremos la reciente declaración del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz, en la cual "reitera que todas las partes deben acatar el derecho internacional humanitario", pero luego agrega que "condena en los términos más enérgicos cualquier asesinato de civiles".

Esta es una interpretación errónea y peligrosa del derecho internacional humanitario. La muerte de civiles es trágica, pero no es necesariamente una violación del derecho internacional. Dada una situación en la cual las bases y armamentos terroristas están colocados en el corazón de densas áreas civiles, no existe ningún principio del derecho internacional que diga que se debe dejar a estos terroristas libres para perpetrar ataques con impunidad. Como bien explica el destacado jurista Daniel Taub, "la ley reconoce explícitamente que las instalaciones civiles para albergar o proteger a grupos terroristas son de hecho objetivos militares legítimos, y que las bajas civiles colaterales pueden ser legítimas, si no son excesivas en relación al objetivo militar de la operación".

En la trágica realidad que Hamás ha creado deliberadamente, cumplir con esta prueba de proporcionalidad requiere un equilibrio complejo. Si bien el desgarrador sufrimiento de los civiles es un aspecto de esta ecuación, también está la necesidad de cumplir con los objetivos militares de la operación y evitar más bajas en el futuro. Conforme al derecho internacional, hay que sopesar ambos factores.

Taub lo ilustra muy bien con esta analogía: "Si una operación médica se describe sólo en términos del dolor que puede causar, sin tener en cuenta la enfermedad que pretende curar, siempre parecerá una agresión injustificada al paciente".

Por eso, resultan más que cuestionables algunas declaraciones que han circulado últimamente, como la de un grupo de "expertos" en derechos humanos, que condenó las acciones de Israel como castigo colectivo, pese a no tener un solo experto en defensa que opinara sobre el objetivo militar crítico que Israel pretendía alcanzar. Del mismo modo, un grupo de relatores internacionales calificó un ataque aéreo contra el campo de Jabaliya de "violación descarada del derecho internacional", esto sin ningún conocimiento o consideración de los objetivos militares de la operación.

En el conflicto actual, el derecho internacional ha sido tan tergiversado por algunos que incluso las medidas humanitarias se presentan como violaciones. En un intento de minimizar el riesgo de víctimas civiles, Israel ha instado a los civiles -mediante panfletos, emisiones radiales, llamadas telefónicas y mensajes de texto- a abandonar las zonas de atrincheramiento terrorista y trasladarse a las zonas seguras del sur de Gaza. Israel incluso retrasó sus operaciones terrestres durante semanas para dar a los civiles tiempo suficiente para evacuar, a pesar del mayor riesgo que ello suponía para sus propios soldados. Aun así, los funcionarios internacionales han argumentado que el llamamiento a evacuar la zona de guerra es un "amedrentamiento sicológico" y una violación del derecho internacional, y el Comisionado General de la UNRWA ha calificado el intento de salvar vidas civiles como "desplazamiento forzoso". Esta tergiversación de la ley juega directamente a favor de la estrategia de Hamás de tratar de mantener a los civiles dentro y por encima de sus centros terroristas, en calidad de escudos humanos.

El derecho internacional no puede convertirse en un pacto suicida. Al contrario, usado con precisión y bajo estándares democráticos, debe entregar espacio para derrotar al terrorismo. No así la parodia del derecho internacional que es ofrecida por algunos pseudo expertos internacionales.

Al no reconocer que Hamás se esconde cínicamente detrás de sus malas interpretaciones de la ley internacional, estos expertos están socavando la institucionalidad que pretenden defender. Inevitablemente, las organizaciones terroristas se envalentonan para continuar desplegando estos métodos, confiando en el apoyo internacional para sus acciones ilegales e inmorales.

Ya es un desafío suficiente para una democracia actuar acorde a las leyes de los conflictos armados. En ese marco, la Corte Suprema de Israel, que insiste en que las fuerzas de defensa de Israel cumplan con el derecho internacional, ha declarado que "las democracias luchan con una mano atada a la espalda". Si los funcionarios internacionales siguen generando las condiciones para que las democracias se aten también la otra mano a la espalda, entre las victimas puede estar el propio derecho internacional.