El territorio como bien transable, pero a buen precio
Cuando Donald Trump deslizó la idea de "comprar" Groenlandia, la reacción internacional osciló entre la burla y el escándalo. Parecía una excentricidad propia de un magnate inmobiliario que confundía el mapa mundial con un tablero de Monopoly. Sin embargo, el episodio tuvo la virtud de poner sobre la mesa una cuestión incómoda para los Estados modernos: si el territorio es algo no comercializable o si en la práctica puede ser un bien transable, siempre que el precio sea satisfactorio.
Desde el pasado la respuesta es clara y poco romántica. Varios países se configuraron a través de transacciones territoriales. Estados Unidos, hoy garante retórico del orden internacional, consolidó buena parte de su expansión mediante compras de manual. La Luisiana francesa fue adquirida en 1803 en una operación que duplicó el tamaño del país. Alaska fue comprada en una ganga a Rusia en 1867. Ambas transacciones fueron duramente criticadas en su momento, pero celebradas retrospectivamente como jugadas maestras de realismo geopolítico.
Pero no solo Estados Unidos ha participado en este "mercado del territorio". En 1872 los Países Bajos actuaron como vendedores y el Reino Unido como comprador de sus posesiones en la Costa de Oro -actual Ghana-, transfiriendo una serie de fuertes y enclaves coloniales por un precio aproximado de 46.000 libras esterlinas. Posteriormente en 1899, España vendió a Alemania sus últimos territorios en Oceanía -las Islas Carolinas, Marianas (excepto Guam) y Palaos- por 25 millones de pesetas, cerrando así el ciclo final de su imperio ultramarino.
Mirado desde el Chile actual, este fenómeno resulta particularmente perturbador por la situación vecinal. En efecto, la histórica pretensión boliviana por una salida soberana al mar suele abordarse en clave emocional o estrictamente jurídica, como si no existiera espacio alguno para la creatividad regional. Si Bolivia demanda una salida al mar, entonces: ¿Por qué no se le ofrece en venta una porción territorial?
La provocación es interesante porque desplaza el debate desde el ámbito identitario -donde suele enquistarse- hacia la geografía económica en la que los territorios se tratan como activos escasos donde se pueden instalar letreros con la frase "Se vende". Un enclave litoral pequeño, bien delimitado y funcional -de unos 5 kilómetros de ancho por 10 de largo- tendría para Bolivia un valor marginal enorme: reducción de costos logísticos, propio acceso al océano Pacífico y varias externalidades positivas. Para Chile, en cambio, su costo económico marginal podría ser relativamente bajo, especialmente si se trata de un área sin centros urbanos ni infraestructura crítica en el desierto costero de la Región de Antofagasta. En términos de bienestar agregado, no resulta absurdo pensar que una transacción voluntaria, cuidadosamente diseñada para reducir riesgos (especialmente de ilícitos), pudiera generar una ganancia neta para ambas partes, algo plenamente compatible con el análisis costo-beneficio estándar.
Desde una perspectiva más técnica, la idea también dialoga con la teoría de los derechos de propiedad y las negociaciones eficientes. Si la imposibilidad boliviana de acceder soberanamente al Pacífico provoca litigios internacionales, desconfianza regional y otras fricciones diplomáticas; una solución transaccional podría verse como un mecanismo para internalizar esos costos de manera explícita y cuantificable. El "buen precio" no sería solo monetario: podría incluir inversiones cruzadas, garantías multilaterales, regímenes especiales de seguridad o incluso compensaciones fiscales de largo plazo.
Sin embargo, la principal barrera para una fórmula así no es económica, sino político-institucional. La sacralización del territorio en las constituciones, las legítimas consultas a los habitantes y la presión de opiniones públicas crecientemente nacionalistas, hacen que este tipo de soluciones resulte casi "impensable", incluso antes de ser evaluadas. Pero desde el punto de vista analítico -y ese es el valor de la provocación- no existe ninguna ley económica que prohíba una transacción territorial eficiente, acotada y soberana. El verdadero límite no está en la racionalidad, sino en la imaginación política disponible para separar la fría ciencia económica de los símbolos calientes.
El reciente episodio de Trump y Groenlandia que invita a mirar con otros ojos nuestro territorio tricontinental, no es relevante por su factibilidad, sino por lo que revela. Nos recuerda que, aunque insistamos en tratar al aire, al mar y a la tierra como bienes no desprendibles, el mundo real sigue operando bajo lógicas de negociación, intercambio y funcionalidad. La soberanía ya no se defiende solo con íconos y ejércitos, sino con inteligencia estratégica.
Pensar el territorio como un bien transable -a buen precio, en el sentido más amplio del término- no implica necesariamente querer venderlo. Implica ponerle precio, o, en otras palabras: apreciarlo. Y apreciarlo en política internacional, suele ser el primer paso para protegerlo.
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