Los desafíos de la Corte Penal Internacional entre Estados hampones
La legitimidad de la CPI está en proteger a la dignidad humana, la que debe ser el sustento inconmovible de todo sistema de derecho penal. Al respecto, ¿será este órgano capaz de perseguir las responsabilidades individuales de quienes dan las órdenes para cometer los crímenes internacionales en Estados poderosos o protegidos?
A la positiva valoración acerca de los avances en la implementación del derecho penal internacional y su evolución, debemos observar los desafíos que actualmente tiene esta corte, que funciona desde el 2004 y que ha comunicado el inicio de algunas investigaciones que involucrarían a Estados que no le reconocen jurisdicción y que son potencias globales o regionales protegidas por algún actor miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por tanto con capacidad de veto.
En efecto, hemos sido informados de crímenes en Yemen, Venezuela, Nicaragua, Territorios Ocupados Palestinos, Ucrania, entre otros territorios azotados por actos de fuerza militar y/u orden público (agentes de Estado) que debieran ser investigados por parte de la CPI. Sin embargo, el órgano jurisdiccional encuentra resistencia en potencias como Estados Unidos, que no permite investigaciones sobre la responsabilidad de Arabia Saudita en lo que acontece en Yemen, lo mismo respecto al blindaje ofrecido a Israel, mientras que Venezuela cuenta con la protección de China y Rusia. Este último Estado, actor responsable de los hechos registrados sobre Ucrania tras la agresión a este país, y que ha sido centro de atención del periodismo occidental.
La Corte Penal Internacional ha comunicado la apertura de investigaciones en territorio ocupado en Palestina, Venezuela y la propia Ucrania, entre otras, razón por la cual algunos dudan de la propia preservación del órgano de acción penal, ya que las potencias están obstaculizando su accionar por intereses y razones de Estado. En los hechos, el caso más mediático en occidente es la barbarie que comete Rusia sobre la población civil ucraniana, la cual ha permitido nuevamente alinear a occidente tras un enemigo común: Moscú. Sin embargo, desde el siglo XX ha quedado de manifiesto que la justicia por parte de los vencedores tiende a no ser justa.
En efecto, los tribunales ah hoc han sido un ejemplo de investigaciones sesgadas y orientadas castigar a los vencidos, cuestión que estableció la necesidad de crear un organismo imparcial permanente como la Corte Penal Internacional; sin embargo, el escenario geopolítico y el abandono evidenciado con los compromisos universales por parte de las propias potencias que componen el Consejo de Seguridad nos evidencian las dificultades políticas que deberá enfrentar la CPI respecto a ejercer justicia e imparcialidad en los casos que investiga.
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