Durante los últimos 20 años, los principales peligros a la democracia israelí han estado relacionados -principalmente- con el rotundo fracaso de los Acuerdos de Oslo y, por consiguiente, con la irresolución del conflicto con los palestinos. Ahora, desde 2022, año en que Benjamín Netanyahu asume su sexto mandato como primer ministro, nuevas amenazas aparecen a la democracia israelí.
Después de la Segunda Intifada, iniciada en septiembre de 2000, Israel ha llevado a cabo una serie de acciones que han sido firmemente rechazadas por la comunidad internacional. En 2002, el gobierno israelí aprobó la construcción de un muro de separación con los territorios palestinos de la Cisjordania, que tenía por finalidad hacer frente a atentados terroristas promovidos por grupos como Hamas, que busca la destrucción de Israel. Sin embargo, este muro ha sido considerado ilegal por la Corte Internacional de Justicia.
A partir del segundo gobierno de Netanyahu como primer ministro, desde 2009, este se ha opuesto de manera rotunda a la creación de un Estado palestino, lo que motivó serias discrepancias con el presidente Obama de Estados Unidos. Al mismo tiempo, se ha profundizado la construcción de asentamientos judíos tanto en Cisjordania como en Jerusalén oriental, los que han sido considerados como uno de los principales obstáculos para avanzar en el proceso de paz palestino-israelí.
Con todo, uno de los principales éxitos en materia exterior, correspondiente al cuarto periodo de Netanyahu, son los Acuerdos de Abraham (2020), impulsados por Estados Unidos y el gobierno de Trump, mediante los cuales varios países árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos, reconocen al Estado judío. Este es un logro importante para una transición hacia la paz en el Medio Oriente, pero insuficiente, pues no se reconoce de manera explícita una solución al problema palestino.
En 2022, y luego de resultar ganador en las elecciones, Netanyahu inauguró un sexto periodo de gobierno como primer ministro. El legendario político formó una coalición multipartidista, que incluye a su partido Likud, y también a partidos que conforman el sionismo religioso y la ultraortodoxia antisionista. Esta es considerada la coalición más ultranacionalista de la historia del Estado de Israel.
En un contexto de acusación judicial por varios casos de corrupción, el líder del Likud ha buscado en este sexto mandato imponer una reforma judicial, que ha sido objeto de fuertes movilizaciones políticas y sociales, probablemente las más numerosas en los 75 años de historia del Estado. La postergación de la reforma, anunciada por Netanyahu la última semana de marzo, dio un descanso a estas movilizaciones, pero su reciente reactivación ha logrado despertar nuevamente a una ciudadanía que considera que la implementación de esta reforma es la principal amenaza a la democracia israelí.
Esta reforma judicial tiene tres rasgos principales. Primero, da la posibilidad al Legislativo para que promulgue leyes que hayan sido impugnadas por la Corte Suprema. Al mismo tiempo, la Corte pierde la capacidad para invalidar leyes que se consideren fundamentales. Segundo, busca modificar la composición actual del comité, de modo que los representantes nombrados por el gobierno tengan una mayoría automática en el comité. Tercero, la Corte Suprema queda incapacitada de inhabilitar o juzgar a ministros, lo que es un punto trascendente dado que el propio Netanyahu ha sido acusado por la justicia israelí de corrupción, en casos que incluyen fraude, soborno y abuso de confianza.
Al igual que hacia principios de año, este verano han vuelto las manifestaciones en las principales ciudades israelíes, con gritos y pancartas que defienden la democracia israelí, y acusan al "dictador Netanyahu". En el importante ámbito militar, crucial para la existencia del Estado de Israel, centenares de reservistas del Ejército han protestado en contra de esta reforma. Incluso, muchos de ellos han amenazado con no cumplir con sus labores militares y sus intenciones de ausentarse de los entrenamientos militares.
A pesar de las protestas, Netanyahu no cede a la presión ciudadana israelí, así como no cedió antes a la presión de la comunidad internacional para avanzar en el proceso israelí-palestino. Por el contrario, ha profundizado una fuerte división en la sociedad israelí, mostrando que el histórico conflicto con los palestinos no es el único que caracteriza al Estado de Israel.
De este modo, el primer ministro ha avivado el conflicto entre sectores laicos y religiosos, entre corrientes progresistas y tradicionalista, el que coexiste con un conflicto entre un campo más proclive hacia la paz israelí-palestino frente a un sector, liderado por el propio líder del Likud, que rechaza cualquier concesión hacia la solución del conflicto palestino. En suma, Benjamín Netanhayu no es solo uno de los principales opositores a la resolución del conflicto palestino, sino que constituye también la principal amenaza a la democracia israelí.
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