Venezuela, derecho internacional y responsabilidad
La dramática crisis humanitaria que vive la población civil de Venezuela sumida en el hambre y la miseria interpela la conciencia moral de la Humanidad y abre un desafío jurídico y ético a la comunidad internacional para asumir su responsabilidad de proteger a sus sectores mas desposeídos.
Los nuevos desarrollos del Derecho Internacional para los Derechos Humanos , con su triple componente de universalidad, indivisibilidad e interdependencia han relativizado el concepto del Estado soberano absoluto y el principio de no intervención en asuntos internos.
Ello explica la resolución de ONU de 1994 ( 48 / 141 ) de la Asamblea General que estableció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la que expresa que “la promoción y protección de los DD HH constituye una prioridad fundamental de la Comunidad Internacional".
Emerge así una nueva doctrina de Naciones Unidas que establece el deber y responsabilidad de proteger en la resolución de la Asamblea General de ONU de 2005, (R2P Responsability to Protect ) que insta como deber fundamental de todo gobierno de velar por la debida protección de los DD HH y garantizar la integridad corporal de sus habitantes y proveer lo necesario para la satisfacción de sus necesidades básicas.
La vulneración por parte de un Estado de estas obligaciones le impide invocar el principio de no intervención en sus asuntos internos y surge para la comunidad internacional el derecho y la responsabilidad de proteger a la población civil y le otorga el Derecho moral a intervenir para evitar o revertir una catástrofe humanitaria.
La pérdida de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro por su origen fraudulento y por la vulneración sistemática de los DD HH de su pueblo, impidiendo ahora con violencia criminal la entrega de ayuda humanitaria el 23 de febrero pasado, confiere a la comunidad internacional la responsabilidad de intervenir para proteger a las victimas.
Por ello resulta relevante la declaración del Grupo de Lima reunido en Bogotá que requiere una investigación a la Corte Penal Internacional por la grave violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro y el bloqueo impuesto al ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, actos que configuran delitos de lesa humanidad y solicita tener presente esta grave conducta para complementar la investigación preliminar que realiza la Fiscal del Alto Tribunal sobre los delitos denunciados por la OEA y con el patrocinio de Chile y otros países latinoamericanos más Francia y Alemania respecto a los delitos de torturas , aplicación de tormentos y apremios ilegítimos que están en el Estatuto de Roma en el catálogo de ilícitos penales como delitos de lesa humanidad perpetrados por los agentes del Estado de Venezuela.
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