Venezuela pos elecciones presidenciales

Creo que la tragedia que vive el pueblo venezolano bajo el régimen de Nicolás Maduro implica una crisis política, económica, alimentaria, salud pública, educacional, seguridad ciudadana, migratoria etc., que afecta todos los ámbitos de la vida del país.

Se hace necesario poner término a un gobierno que carece de todo escrúpulo moral, que ha violentado la libertad, la democracia y ha consumado graves violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano, sumido en el hambre y la miseria viviendo en la degradación humana  una verdadera  catástrofe humanitaria.

Sin duda, estamos frente a un  régimen que ha usurpado la voluntad del pueblo venezolano a través de elecciones fraudulentas que carecen de toda legitimidad democrática, que tuvo inicialmente una legitimidad de origen a través de la primera elección presidencial  de Nicolás Maduro,  pero que  ha caído en ilegitimidad de ejercicio al concentrar en sus manos la totalidad del poder.

Cabe tener presente que hoy  en Venezuela no existe separación de los poderes públicos y el gobierno tiene el control de las Fuerzas Armadas  y la Policía, el Poder Judicial , el  Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral etc. Sólo quedaba en pie la Asamblea Nacional  que fue elegida democráticamente en diciembre de 2015 donde triunfó la oposición, pero que sido despojada de sus facultades por una Asamblea Nacional Constituyente declarada ilegítima y no reconocida por la comunidad internacional.

Se ha reconocido que el gobierno ha devenido y hay que decirlo sin eufemismos, en una dictadura represiva, de partido único, en línea del  modelo estalinista que elimina la disidencia, practica la tortura, aplasta las libertades y encarcela a los opositores.

Resulta válida y pertinente la  pregunta que se formulan a diario los millones de venezolanos ¿qué pasará en Venezuela si Nicolás Maduro continúa en el poder? La respuesta parece obvia. El resultado inevitable será la destrucción final del país y su población con  más hambre, pobreza e indigencia, mayor  migración forzosa , aumento de las enfermedades y epidemias que habían desaparecido en el siglo XX.

Una Inflación desatada calculada por el FMI  de 13.800 % para 2018 ,el  aumento de la delincuencia que exhibe la tasa de homicidios  más alta de América Latina, el incremento ya alarmante  de la mortalidad infantil y la degradación moral de un país.

Para la debida comprensión de la crisis ,  debe tenerse presente el reciente informe de la OEA que ha concluido que el gobierno de Nicolás Maduro ha transgredido los principios de la Carta Democrática Interamericana y que hoy existe en Venezuela “ un grave quebrantamiento del orden democrático y una alteración institucional “ y que conforme a los artículos 20 y 21 de la Carta corresponde su suspensión del organismo regional, habiéndose declarado la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente realizada mediante fraude electoral y también el  desconocimiento de la validez de las elecciones del 20 de mayo pasado,  toda vez que no cumplieron los requisitos de transparencia y legitimidad democrática, realizándose sin la participación de la oposición, con la mayoría de sus dirigentes encarcelados y en el exilio y sin supervisión electoral internacional independiente.

Debe destacarse la enérgica reacción del  Grupo de Lima, del cual Chile forma parte. EE.UU., la Unión Europea y la mayoría de los países de la comunidad internacional han desconocido la legitimidad de dichas elecciones y en consecuencia considerando su nulidad de origen, Nicolás Maduro no tiene el carácter de Jefe de Estado de acuerdo a la legalidad internacional.

Estamos en presencia de un gobernante de facto que ha usurpado el poder mediante el fraude electoral masivo y que ha recibido la condena internacional. 

Recientemente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas acusó al régimen venezolano de cometer reiteradas violaciones a los derechos humanos y solicitó a la Corte Penal Internacional que conoce de los crímenes de lesa humanidad que abra una investigación penal para evitar la impunidad y frente a la inacción de sus propias autoridades.

El informe asevera que las fuerzas de seguridad han practicado la tortura, apremios ilegítimos, detenciones arbitrarias y han matado civiles cuyo número  llega a 505 manifestantes desde  2015 a 2017 en total impunidad lo que evidencia una degradación del Estado de Derecho en el país. Frente a este colapso generalizado, el  régimen sin racionalidad alguna insiste en perpetuarse en  el poder sin importar los padecimientos que sufre la población.

Por ello se hace urgente fortalecer la unidad de la oposición y mantener activa una movilización popular pacífica de protesta y denuncia del régimen.

Debe insistirse en la condena internacional en todos los ámbitos para aislar al régimen y presionar por  una salida institucional y reforzar  las sanciones económicas a los altos personeros del gobierno, mediante el bloqueo  y embargo de sus cuentas y depósitos, aplicación de sanciones  diplomáticas, la  revocación de visados, y el retiro de los embajadores como lo ha hecho el Grupo de Lima  en línea con la decisión de EE. UU., Canadá y la Unión Europea de  incrementar las   sanciones individuales.

En el Sistema Interamericano corresponde   impulsar   la suspensión de Venezuela de la OEA por infracción de la Carta Democrática, como ya lo hizo Mercosur y solicitar la reforma del estatuto de OEA a fin de  que las resoluciones se aprueben por  la mayoría absoluta de sus miembros y  evitar el virtual veto de algunos países del Caribe que han recibido un petróleo gratuito o subsidiado de Venezuela.

En este mismo sentido se hace también necesario el apoyo de la región ante la Corte Penal Internacional para impulsar la apertura de una investigación penal a fin de sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado.

Sería relevante que  Chile y los países del Grupo de Lima en su calidad de estados miembros del Estatuto de Roma pudieran  endosar  la solicitud ante la CPI. También las Naciones Unidas pueden jugar un importante rol a través de la  Secretaría General  para promover una urgente intervención  a través de sus agencias internacionales FAO y OMS que permita la apertura de un canal humanitario para mitigar la grave crisis alimentaria y sanitaria que afecta al país.

Por último, no es posible permanecer indiferentes frente al penoso drama que vive el pueblo venezolano  que agravia a toda la región.

Creo que los demócratas de Chile y América  hemos sido interpelados en nuestra conciencia moral y tenemos el imperativo ético de  alzar nuestra voz para contribuir a la restauración democrática del hermano país para  avanzar hacia un proceso transicional mediante elecciones libres y democráticas que expresen la voluntad mayoritaria de la población con la convicción que no existen soluciones extra institucionales ni  una salida militar ni tampoco es posible aceptar una intervención militar extranjera que sólo acarrearía mayor dolor y un baño de sangre al pueblo venezolano.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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