Originalmente, estaban programadas para el segundo semestre de este año. Luego, fueron adelantadas al 22 de abril. Y ahora, postergadas hasta el 20 de mayo. Sin duda, estos deben ser los comicios presidenciales más dinámicos que ha conocido Venezuela en décadas. Y una clara señal de cómo el oficialismo maneja a su antojo estos procesos electorales.
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha gobernado de manera ininterrumpida este país desde comienzos de 1999, en un proceso político que a lo largo de los años ha desmantelado la institucionalidad vigente, para acabar instaurando un sistema cada vez más alejado de un modelo democrático.
Y, en ese contexto, modificar arbitrariamente las fechas de las diferentes elecciones, Diosdado Cabello propuso adelantar las elecciones legislativas, previstas para fines de 2020, se ha convertido en una eficiente herramienta del gobierno de Nicolás Maduro para debilitar a una agotada y dividida oposición, incapaz de organizarse con tiempo para enfrentar con éxito a la bien aceitada maquinaria electoral del chavismo.
Ya lo demostró el año pasado durante los comicios para elegir gobernadores y alcaldes, y todo indica que busca repetir su estrategia con este nuevo anuncio.
Venezuela, uno de los países más ricos de la región, gracias a sus millonarias reservas de petróleo, hoy es solo la sombra de lo que fue, con una inflación prevista para este año de 13.000 por ciento y una caída del 15 por ciento del PIB, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional.
A eso se suma la imparable violencia armada, el desabastecimiento de comida y medicamentos, la corrupción y la débil situación de respeto a los derechos humanos, lo que en gran medida explica que más de tres millones de venezolanos hayan decidido migrar a otros países (entre ellos, Chile) en busca de mejores condiciones de vida.
Pero a pesar de todo esto, el chavismo se muestra empecinado en perpetuarse de manera indefinida en el poder, absolutamente insensible al dolor y el sufrimiento de los venezolanos. Y la idea de esta “mega elección”, en que además de Jefe de Estado, se elegirán los concejos legislativos estatales y los concejos municipales, sólo busca concretar el control absoluto de toda la estructura político-estatal del país.
Hoy, el PSUV tiene en sus manos el Poder Ejecutivo, el Judicial, al Consejo Nacional Electoral y una Asamblea Nacional Constituyente con la que el chavismo ha buscado neutralizar el trabajo del Legislativo, única instancia en la que la oposición es mayoría.
El punto es que, frente a este escenario, la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidió marginarse de los próximos comicios, ya que considera que no existen garantías para participar y que, por el contrario, hacerlo sería legitimar todo este proceso.
Sin embargo, esta decisión resulta equivocada, porque la oposición también se marginó de las elecciones legislativas de 2005 y lo único que logró fue entregar el Congreso en bandeja a Hugo Chávez.
Maduro ya ha dicho que irá a la reelección con o sin contrincantes, sabiendo que líderes opositores emblemáticos como Leopoldo López, Henrique Capriles o Antonio Ledezma están inhabilitados políticamente, procesados por la Justicia o autoexiliados, y que hasta ahora solo figuras menores como Javier Bertucci, Claudio Fermín o Henri Falcon han manifestado la intención de inscribir sus candidaturas.
El punto es que si las principales fuerzas de la oposición venezolana se restan de los próximos comicios, dejando en competencia a partidos menores, no solo habrán permitido que el chavismo gobierne hasta 2025, también le habrán dado la espalda a todos los venezolanos que exigen con urgencia un cambio político, a quienes debieron marchar al exilio y a los diferentes gobiernos democráticos que han buscado una solución a través de instancias como la OEA, el Mercosur o el Grupo de Lima.
Nunca antes había sido tan apremiante el escenario político venezolano y es por eso que Latinoamérica no puede dejar sola a Venezuela.
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