Algo anda mal en la Corte Suprema

Algo anda mal en nuestra judicatura desde ya hace muchos años. La sentencia de la Corte Suprema de fecha 24 de febrero de 2021, que en lo fundamental revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que prohibía el uso de escopetas antidisturbios, es otro ejemplo de cómo el poder judicial renuncia a proteger derechos humanos, consagrados incluso en la constitución de Augusto José Ramón.

En la sentencia, que se comenta, se establece un racionamiento jurídico que es muy grave y peligroso, ya que niega que sea plausible el examen de la legalidad, de la proporcionalidad y del actuar de Carabineros en el uso de la fuerza, sobre la base de que este está regulado por protocolos y estos no corresponde que se revisen con un recurso de protección.

Este argumento jurídico es muy riesgoso, ya que la policía ha demostrado en los hechos ser una institución que carece de control, en nuestros últimos dos años esto se refleja en la gran cantidad de mutilados, heridos y torturados, durante la revuelta social, por la acción de este cuerpo policial.

Se olvida la Corte Suprema de lo que constituye la esencia del recurso de protección, que es la tutela de derechos humanos, ya que es una acción que la Constitución concede a todas las personas que como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales.

La sentencia, se emite cinco días después de que Francisca Mendoza, profesora de filosofía, es herida gravemente en un ojo, por la acción de Carabineros, mientras se manifestaba pacíficamente en la plaza dignidad, a través de ella se refleja cómo se dejan desprotegidos a los ciudadanos/as que ejercen el derecho de reunión, de tránsito y de libertad de expresión, es decir, aquellos/as que ejercen el derecho a la protesta social.

Todo lo anterior, ha puesto nuevamente en la palestra la imperiosa necesidad de cambios en el poder judicial, para avanzar en un efectivo respeto de los derechos humanos, por parte del Estado y sus órganos.

Si hacemos un poco de historia, uno de los más importantes cómplices del terrorismo de Estado, en tiempos de la dictdura cívico militar, fue la Corte Suprema, esta es heredera de un poder, que denegó 5.390 de 5.400 recursos de amparo presentados entre 1973-1983. La negativa significó una verdadera condena a muerte de los amparados, negó protección y justicia a muchos/as de quienes hoy continúan desaparecidos.

Pero esta acción del Poder Judicial es muy anterior al fatídico 11 de septiembre de 1973, ya que ha estado al servicio de un modelo de dominación que no tolera la construcción de otras formas de organización política, económica y de relación social y personal. Los poderosos encuentran en los jueces el mejor apoyo para su política de consolidación de un modelo que se funda en la desigualdad, el individualismo y el consumo. Estos han guardado silencio, ante la violación de los derechos humanos perpetrados por el Estado, a lo largo de los 210 años de vida independiente. La historia está plagada de episodios jurídicos y políticos que lo prueban.

El Poder Judicial no se ha renovado y menos democratizado, la estructura y la doctrina que lo sostiene ha sido profundamente conservadora, autoritaria, clasista, defensora de los sectores dominantes, por a lo menos 4 razones:

Los procesos formativos de los abogados, quienes en definitiva serán los futuros jueces, ponen el acento en la ley, como si esta fuera la única fuente del derecho, craso error, si hoy es claro en el derecho internacional y comparado que las fuentes del derecho son mucho más: los usos y costumbres, la jurisprudencia, la doctrina, la equidad natural, los principios de derechos humanos y los principios generales del derecho.

El haber convertido el derecho en una técnica, en un método, donde lo procesal es tanto o más importante que el derecho sustantivo y pretender convertirlo en una cuestión de "expertos", donde hay una ausencia de los titulares del derecho y de los derechos que es el pueblo.

El olvido de la justicia como el fin propio, primero y último de toda la actividad del poder judicial.

El olvido de que el titular del poder del Estado es el pueblo y que este poder debe expresarse también en la judicatura, a través de procesos de democratización de los órganos judiciales.

Por tanto, que hoy los jueces de la Corte Suprema sigan fallando en contra del respeto de los derechos humanos es un muy triste síntoma de que nuestro Chile sigue necesitando cambios estructurales profundos.

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