Delitos de lesa humanidad: tema de hoy

El 29 de octubre pasado, y tras el Informe del Ministerio Fiscal de Madrid, el juez del tribunal central de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España, don Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, en la causa rol 19/1997 – D, dictó auto de procesamiento y prisión ordenando además órdenes internacionales de detención para su ulterior extradición, en contra de los chilenos Manuel Contreras Sepúlveda, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Patricio Quilhot Palma, José Remigio Ríos San Martín y del norteamericano Michael Townley Welch.

Todos ellos agentes de la DINA, miembros de la Brigada “Mulchén” los chilenos y de la brigada “Quetropillan” el norteamericano, por ser los asesinos de Carmelo Soria Espinoza, un intelectual y diplomático de nacionalidad española, funcionario de Naciones Unidas al que dieron muerte de manera salvaje en julio de 1976 en medio de las operaciones dispuestas por Pinochet en contra de toda persona que tuviere alguna relación con el Partido Comunista.

El texto del fallo judicial español se inicia con una declaración que ahorra comentarios : “Dentro del proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar emprendido por la dictadura chilena… ”

Carmelo Soria fue secuestrado en Ñuñoa y llevado a una de las mansiones de la dictadura en Lo Curro, calle Vía Naranja 4925, en donde fue atrozmente torturado mientras lo tenían maniatado y vendado, le fracturaron costillas y huesos para que dijera si tenía alguna relación con los comunistas chilenos. El interrogatorio fue dirigido personalmente por el entonces capitán Lepe, hoy en libertad, ante el cual, como registra la sentencia española, Soria sólo murmuraba “…pobre Chile…”

Finalmente, tres de los asesinos lo estrangularon hasta romper el hueso hioides y procedieron a inyectarle pisco, a subirle a su Volkswagen Sedan T - 1600, placa patente ONU – 164 y arrojarle desde lo alto al canal del Carmen para que pareciera accidente del tránsito a causa de ingesta alcohólica, como difundió la prensa de la época.

Algunos de los perversos criminales se encuentran en prisión, otros viven en Santiago de Chile posando como personas normales y honorables, deambulan por las calles, comen y beben tranquilos y usted se los puede topar cualesquier día en algún barrio capitalino, gracias a que la justicia chilena en su momento aplicó el ilegal decreto de autoaministía que la dictadura se otorgó en 1978.

Mientras el procesamiento español determinó que hubo detención ilegal, asesinato y genocidio, en Chile, bien, gracias. Por cierto huelga comentar que la aministía del 78 fue ilegal y que así lo ha declarado la propia Corte Suprema chilena.Todo lo cual obliga a los tribunales hoy a reabrir el proceso Soria.Está por verse si serán capaces de hacerlo.

Esta noticia no ha sido suficientemente difundida pese a su indudable importancia que va mucho más allá del doloroso caso específico. Porque de lo que se trata en el fondo es de la aplicación del principio jurídico, aceptado y aprobado por la comunidad internacional civilizada, que es el de la jurisdicción universal cuando se trate de delitos contra la humanidad, como los de la dictadura chilena.

Porque, en esencia, si la ofendida con este tipo de ilícitos, por su especial atrocidad, no es sólo la víctima particular sino que la humanidad entera, es absolutamente coherente y legítimo que sea la humanidad entera, que es la ofendida, quien tiene derecho a perseguir y juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad, en cualesquier lugar que se encuentren, cualesquiera sea la nacionalidad del delincuente o el lugar en que se perpetraron los delitos o el país en que se le juzgue, pues la competencia incumbe a la humanidad entera.

Es que no se trata del robo de una gallina, sino de atentados contra la identidad y la dignidad del ser humano por el solo hecho de serlo. Ya no vivimos en la edad de piedra, o al menos lo intentamos. No se puede asesinar a nadie por el color de su piel, su identidad sexual o el sentido de sus ideas.

Así fue posible la detención en Londres de Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón, así fue posible la detención y juzgamiento en Italia del abogado y militar temuquense Alfonso Podlech por el crimen de un sacerdote italiano.

En virtud de este mismo principio, por ejemplo, perfectamente se podría abrir juicios en Chile, o en cualesquier otro país, por los crímenes del franquismo. Personas con legitimidad activa para presentar querellas hay muchas ; víctimas directas o familiares de los que soportaron en su tiempo el terrorismo de Estado de la derecha española.

Se trata igualmente de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.Pero no parece, al menos ni en Argentina ni en Chile, que exista disposición para asumirlo. Por reciprocidad con el caso Pinochet en nuestro país debiera hacerse las tareas que, paradojalmente, no han cumplido hasta hoy los propios tribunales españoles.

Porque sucede que los asuntos de la política parecen a algunos más importantes que los asunto del Derecho.

Finalmente hay que señalar que hechos como el fallo que comentamos, más allá de su interés jurídico y ético, tienen también un alto interés social en cuanto demuestra que, al revés de lo que muchos piensan, el tema de los derechos humanos dista mucho de ser “algo del pasado”.

Y si no se recapacita, la historia perfectamente puede volver a repetirse. Es más, los estudiantes de hoy y el pueblo mapuche bien saben de la necesidad de apelar al respeto de los derechos humanos.

Que no son sólo el derecho a la vida y la integridad física de todas las personas, sino, como establecen leyes y Tratados, también el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la honra y dignidad, al medioambiente sano, a la defensa de los recursos naturales, al reconocimiento de la identidad étnica de los pueblos y sus derechos correspondientes, a la libertad de expresión, de creencias e ideologías, de manifestación, de petición.

Resolver de manera integral la deuda pendiente en materia de verdad, justicia y reparación respecto de los crímenes de la dictadura en Chile, es una tarea pendiente que ninguno de los gobiernos desde que Pinochet dejó La Moneda asumió a cabalidad. Todo un desafío para los próximos gobernantes.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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