Las Fuerzas Armadas y de Orden, están en “boca de todos”. No precisamente por su aporte a la seguridad nacional o su contribución patriótica al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. El grave problema es otro, severas acusaciones caen sobre algunos de sus integrantes, por malversación de fondos público.
El ejemplo más nítido lo recibieron del dictador, el robo a destajo, fue otro patético sello que dejó como testamento a sus sub-alternos. Los que obedecieron cuales valientes soldados, aventajados compañeros de armas, para apropiarse de lo ajeno.
Denuncié al presidente Aylwin que el Ejército pagó al hijo primogénito de Pinochet la suma de tres millones de dólares, por supuestas compra de armas, la sorpresa fue mayúscula, el mandatario quedó perplejo. El lado oscuro, desconocido, recién se comienza a destapar…investigación que aun no concluye.
Ningún dictador del mundo deja de esquilmar al país que oprime, Chile no podía ser la excepción.
Pinochet cuyo poder fue absoluto, utilizó todos los medios para enriquecerse él y su familia, a costa de los dineros del Estado. Las distintas cuentas en los bancos Riggs lo delata como un usurpador de fondos fiscales, una Caja de Pandora que se descubrió mientras estuvo detenido en Londres, a donde viajaban sus cómplices pasivos a rendirle pleitesía.
Fue la herencia maldita que traspasó a sus fieles, quienes se superaron con creces, como eximios alumnos, en usar y abusar de los fondos reservados del Ejercito, cuyo destino fue a parar a cuentas particulares en bancos nacionales y extranjeros.
Se trata de cifras no menores, el caso Milicogate, relata el mayor fraude en el Ejército de Chile, los involucrados confesos, el coronel Clovis Montero, el general Héctor Ureta, el cabo Juan Carlos Cruz, el civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.
Los procesados, algunos imputados y otros prontuariados, todos tenían los mismos padrones de conducta que seguían rigurosamente, casi calcado, adueñarse de la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible.
Lo fraguaron con total impunidad, dada la escasa fiscalización interna, menos de organismos externos como la Contraloría. Fue el paraíso fiscal, a su total discrecionalidad, cuyos fondos eran inacabables, oportunidad que no se debía despreciar, menos perder, durante los cuatros años al mando.
Un acuerdo espurio entre ellos, mientras en sus propias barbas se daban la gran vida, gastando la plata en viajes, viáticos, fiestas y regalos sin importarles un bledo el pundonor militar.
La seguridad nacional estaba en las manos de estos auténticos supuestos defensores de la Patria, cuyo deber y juramento, es mantener una conducta intachable, honor militar y disciplina a toda prueba para con el país, que confía en la función que el Estado les otorga.
Lo que hemos conocido, en el destape de las investigaciones realizadas eficientemente por la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, es que estamos en presencia de malhechores, que no trepidaron en enlodar su uniforme y ensuciar sus respectivas instituciones.
La cultura de la corrupción del neo-pinochetismo imperante, complican directamente a los gobiernos democráticos, con sus ministros de Defensa en primer lugar, porque no supieron o no quisieron oportunamente poner el cascabel al gato.
Desde el retorno a la democracia, bajo el sistema neoliberal imperante, en su conjunto han operado para dar paso a la corrupción. El poder político y el poder económico se han retroalimentado y nutrido mutuamente, los escándalos del financiamiento de la política corroe todo el espectro nacional.
Las fuerzas armadas y de orden, no podían estar inmune ante este flagelo.
Juan Miguel Fuente-Alba, general Comandante en Jefe, lo venció el lujo, la opulencia y el gasto desenfrenado, demostró con absoluta maestría que era capaz de superar al Capitán General, en apropiarse indebidamente de los fondos reservados exclusivos para la seguridad de la nación.
El susodicho Oficial, junto a sus cómplices, en vez de mejorar y modernizar la institución militar, se dedicaron a esquilmarla. La ministra que lleva el proceso lo acusa de acaparar para sí, sobre 3.500 millones de pesos. Lleva una acuciosa, profesional y difícil misión, que la destaca entre sus pares
Escándalo que tiene a la tropa molesta, humillada, avergonzada, de los mandos superiores y las nefastas consecuencias en el desarrollo futuro de sus profesiones militares.
Solo un cabo, imitó y alcanzó al General acusado. Juan Carlos Cruz, que siguiendo los pasos de su comandante, se robó la módica suma de 2.368 millones, los que gastó o jugó en los casinos, en grandes bacanales y fiestas a todo evento.
El general, con su abultado patrimonio, tiene entre otras preferencias, los autos de lujo, su delicado gusto por la marca Audi, lo identificaban como “el señor de los anillos”, coleccionaba estos vehículos en su modesta casa de Lo Curro, con 21 funcionarios, para su servicio personal, acorde a la dignidad del cargo.
Como dice un sabio dicho campesino. “La culpa no la tiene el chancho sino quien le da el afrecho”.
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