El valor de un indulto
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que presentará una propuesta de indulto que beneficiará a los/las dirigentes políticos catalanes que impulsaron el frustrado referéndum de independencia de octubre de 2017. Sánchez afirma que tomará esta decisión sobre la base de los "valores constitucionales como la concordia" y no "la venganza o la revancha".
Es digno de destacar que con esta decisión el gobierno español no logra provecho electoral alguno, al contrario, implicará para él un alto desgaste, ya que esta decisión le será imputada por el Partido Popular y Vox como una "traición" a la "unidad nacional". Cabe reconocer el coraje de Sánchez, quien ha comprendido el valor intrínseco de generar condiciones para el diálogo entre el estado español y la ciudadanía catalana. Como ha señalado Iñigo Errejón, dirigente de Más Madrid, lo que aconteció en 2017 sería "un problema de orden público" si estos cargos y miembros de la sociedad civil catalana representaran únicamente al 3% de la población, pero la realidad es que su encarcelamiento se enmarca en una "crisis política", porque representan "a la mitad" de la sociedad catalana.
Valga este ejemplo de altura y valor político para volver a nuestro país y analizar la propuesta de ley de indulto que tramita en este mismo momento el Congreso, y que busca beneficiar a los/as presos/as del estallido social de 2019. Frente a esta iniciativa, el gobierno de Sebastián Piñera ha actuado en las antípodas a Sánchez. Lejos de buscar una solución dialogada, que genere concordia frente a la crisis política, su frontal bloqueo ante esta propuesta es desilusionante. Lejos de estar ante un problema de orden público, la prisión de estas personas se debe analizar como efecto de una enorme crisis política y social que implicó a una mayoría sustantiva de la población chilena, que ha visto en las manifestaciones de 2019 un modo de expresión de graves carencias y demandas frustradas por décadas.
En este debate, el Gobierno incurre en evidentes errores conceptuales y de hecho sobre el proyecto de ley que presentó el senador Juan Ignacio Latorre. En síntesis, el Gobierno se equivoca en su concepción de prisión política, al confundirlo con prisión por razones de conciencia. Yerra al desconocer los fundamentos del proyecto, que apuntan a la violación de las garantías de juicio justo. Y no responde a las denuncias sobre el uso político de la persecución penal.
Una ley de indulto como la que se discute es una medida prevista en el ordenamiento jurídico chileno, y, como tal, hay que recogerla con serenidad. De hecho, desde 1990 a la fecha los distintos gobiernos han concedido alrededor de 1.600 indultos en el marco de la Ley 18.050, que otorga esta facultad al Presidente de la República. Además, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se aprobó la ley 20.588, que benefició con un indulto general a 4.029 personas. En ese caso se consideró la situación carcelaria del momento, donde la sobrepoblación había aumentado sustancialmente por la destrucción de muchos centros penales durante el terremoto de 2010.
Quienes apuestan por responder de forma efectiva a las demandas que generaron el estallido de 2019 y a los efectos sociales de la pandemia, deben aprobar la Ley de Indulto General para los/las presos/as del estallido social, y lo deben hacer ya, rápido y sin remordimientos; pasar la página y ayudarnos a volver a la agenda urgente de cambios que espera la ciudadanía de una buena vez.
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