¿Es una solución reducir la edad de imputabilidad?
En Chile ha resurgido el debate sobre la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad penal para menores de edad, impulsado por el alarmante aumento del 9,8% en los delitos cometidos por adolescentes en el último año. La propuesta actual es bajar esta edad a 12 años, pero poco se discute sobre los contextos sociales en los que se desarrollan los niños, niñas y adolescentes (NNA) en sectores empobrecidos, quienes, desde temprana edad, ya están involucrados en trayectorias delictivas.
Existen factores clave que rara vez se abordan en este debate: ¿Son los NNA responsables de sus trayectorias delictivas? Sí, pero también es fundamental preguntarse: ¿cuál es la responsabilidad del Estado, la sociedad y las familias?
En los primeros cinco años de vida se establece un periodo fundamental, en ella se orientan las trayectorias de vida, el 90% del desarrollo cerebral ocurre en esta etapa, la cual sienta las bases para las habilidades cognitivas, emocionales y sociales que influirán en el comportamiento futuro. Durante este periodo, los niños y niñas transitan por la educación inicial. Sin embargo, muchos niños y niñas de sectores empobrecidos no acceden a esta oferta educativa, lo que genera una de las primeras brechas que limita su desarrollo integral.
La desigualdad socioeconómica juega un rol determinante. Según la Encuesta Casen, el 55% de los niños del decil más pobre no asisten a la educación preescolar, mientras que, en el decil más rico, esa cifra desciende al 36%. Además, el nivel educativo de las madres influye directamente en la matrícula escolar: el 25% de las madres con estudios universitarios inscriben a sus hijos menores de 2 años en salas cuna, frente a solo el 8% de las madres con educación básica. Estas cifras evidencian una desigualdad profunda en el acceso a la educación preescolar, donde los niños y niñas de sectores acomodados tienen mejores oportunidades, mientras que los de sectores vulnerables enfrentan barreras socioculturales significativas.
¿La falta de acceso a la educación temprana aumenta el riesgo de involucrarse en trayectorias delictivas? Por sí sola, no necesariamente. Sin embargo, la falta de una educación temprana adecuada puede reflejar deficiencias en el entorno familiar, lo cual incrementa el riesgo de violencia. En este sentido, Unicef ha alertado desde hace más de una década que el 71% de los menores de edad chilenos experimentan algún tipo de violencia por parte de sus padres, con 25,9% enfrentando violencia física grave y 19,5% siendo víctimas de violencia psicológica. Además, la Tercera Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 2017 indicó que el 62,5% de los niños y niñas en Chile han sufrido maltrato físico o psicológico como método de disciplina. Estos factores, combinados con la falta de educación temprana, estructuran el desarrollo cerebral de los NNA, donde la violencia se convierte en un eje estructural, aumentando las probabilidades de comportamientos disruptivos en el futuro.
Como sociedad, nos hemos preguntado ¿en qué contextos se desarrollan los NNA en sectores empobrecidos? No existe la misma energía cuando se vulneran sus derechos. Es relevante recordar que un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito revela que el 52,5% de los NNA asesinados en Chile entre 2018 y 2022 estaban bajo programas de protección estatal.
A pesar de las propuestas de algunos sectores para endurecer las leyes, expertos en infancia y adolescencia advierten que estas medidas no abordan las causas subyacentes del problema. Anuar Quesille, defensor de la Niñez, sostiene que "la rebaja de imputabilidad o el aumento de penas no obedecen a los fines de la sanción en un modelo de responsabilidad penal juvenil". De hecho, subraya que es poco probable que las y los adolescentes en riesgo de delinquir se vean disuadidos por penas más severas, ya que estas no tienen un impacto significativo en la reducción de la delincuencia juvenil.
La delincuencia juvenil no es un acto racional calculado, sino una respuesta adaptativa a las dificultades del entorno. Si la situación económica, social o emocional no cambia, las penas severas no alterarán significativamente este comportamiento, ya que no abordan las causas subyacentes que impulsan a los NNA a delinquir.
Seguir etiquetándoles como "peligrosos" o "potenciales delincuentes" no resuelve la problemática de fondo. Al contrario, reducir la edad de imputabilidad y aplicar medidas punitivas perpetúa la exclusión social y margina aún más a estos adolescentes. Es hora de replantearnos nuestras prioridades como sociedad y pensar en políticas públicas que aborden los contextos en los que se desarrollan los NNA. Debemos invertir en su desarrollo integral desde la primera infancia, garantizando que todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a entornos enriquecedores que favorezcan su desarrollo pleno.
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