Evitando que se juegue a la uruguaya
La crisis social y política que vive nuestro país tiene múltiples causas. En el ámbito de la probidad, los diversos y graves actos de corrupción en algunas instituciones, el financiamiento ilegal de la política, el tráfico de influencias, las colusiones en determinados mercados, entre otras, han creado un manto de desconfianza sobre el sistema.
Si a lo anterior agregamos que, en los casos donde aparecen involucradas autoridades públicas, empresariales o militares, las sanciones “ejemplares” resultan ser clases de ética, salidas alternativas, escasas penas efectivas de cárcel, o peor aún, la impunidad, la indignación de los ciudadanos aumenta exponencialmente.
Por eso la moción parlamentaria que se aprobó esta semana en el Congreso Nacional es una buena noticia.
Pero no nos adelantemos. Hagamos un poco de historia. En los últimos años, tanto en el Ejército como en Carabineros se han detectado hechos ilícitos por montos cercanos a los 50 mil millones de pesos. Actualmente, están siendo investigados: el denominado “Milicogate”, principalmente en la Justicia militar, y el “Pacogate” por el Ministerio Público.
Ahora bien, la causa original del “Milicogate” se remonta a abril de 2014, oportunidad en que se descubrió una maquinación fraudulenta para pagar facturas por servicios no prestados, con cargo a los fondos de la entonces Ley “Reservada” del Cobre. Las indagaciones iniciales fueron llevadas a cabo por la Fiscal Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar e involucraban operaciones por 103 millones de pesos.
Dada la magnitud e impacto de aquello, en noviembre de 2015, el pleno de la Corte Suprema nombró al ministro Omar Astudillo para continuar con la investigación del fraude en el Ejército. Si bien durante 14 meses hubo importantes avances, debió dejar su función por cumplir con los tres años en el cargo en la Corte Marcial.
En marzo de 2017, la nueva ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford asumió la causa, la que fue ampliada a nuevas aristas. En total, estamos hablando de delitos por sumas cercanas a los 15 mil millones de pesos, y donde se encuentran procesados más de 35 funcionarios del Ejército, incluyendo a dos ex Comandantes en Jefe.
La investigación ha sido compleja, la entrega de antecedentes por parte del Ejército “a cuenta gotas” y la estrategia judicial de los involucrados a la “uruguaya”, es decir, haciendo tiempo. Detrás de aquello está la idea de esperar que se venza el plazo legal de tres años en la Corte Marcial de la rigurosa Ministra, de forma tal que el caso continúe, pero ahora con un nuevo ministro.
En este contexto, la ley, que ha sido aprobada de manera transversal y contundente, pero sin el patrocinio del Ejecutivo, permitirá “abordar el problema puntual de la rotación de ministros en visita”, facultando a la Corte Suprema para que, por acuerdo del pleno, pueda extender hasta por dos años el plazo de duración en el cargo en la Corte Marcial, “principalmente en los casos en que el Ministro Visitador respectivo se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público.”
Resulta una obviedad señalar que la moción presentada por el diputado Walker y Soto (Leonardo), y que deberá publicarse en las próximas semanas, no pretende ser una reforma integral - necesaria y urgente - de la institucionalidad de la Justicia Militar.
En efecto, este nuevo cuerpo legal no se hace cargo del “déficit institucional” que implica la existencia de la justicia militar para juzgar delitos comunes en tiempo de paz. Con todo, la normativa podrá evitar que causas de lenta tramitación, y con relativa baja cooperación, terminen con tres ministros distintos a cargo.
Finalmente, dado que, a nuestro juicio, para sancionar la corrupción resulta clave la continuidad de la investigación, por el bien del país y de la propia institución militar, es fundamental que la Corte Suprema ejerza esta nueva atribución, extendiendo el plazo de la Ministra Rutherford. Así, se podrá avanzar con la debida eficiencia y eficacia, a fin de que los delitos cometidos terminen con sanciones ejemplares para quienes utilizaron su cargo, jerarquía y funciones en provecho personal.
El máximo Tribunal puede impedir que “jugar a la uruguaya” tenga éxito.
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