Fortalecer el camino de la reinserción
A menos de un año de su puesta en marcha en las regiones del sur y a tres meses del despliegue final en la zona centro, el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ya está mostrando resultados concretos. Chile está transitando por un camino institucional inédito: uno que pone la reinserción de jóvenes en conflicto con la justicia en el centro de la política pública. Por primera vez contamos con una institución especializada, con recursos, herramientas y metas claras para transformar oportunidades en realidades. Por otro lado, como la reinserción no es solo una tarea del Estado, se ha avanzado en el compromiso activo del sector privado, la academia y la sociedad civil. Solo con ese trabajo conjunto lograremos que cada joven encuentre una segunda oportunidad a través de la educación, la formación y el empleo.
Los avances de este primer año son el reflejo de esa nueva mirada. Gracias a un nuevo sistema de financiamiento -que reemplaza las antiguas subvenciones por el modelo de compras públicas- se aumentó en 150% el presupuesto destinado a programas de reinserción, pasando de 22 mil millones de pesos en el antiguo Sename a 55 mil millones en el nuevo Servicio. Esto permite exigir estándares de calidad y garantizar intervenciones más efectivas.
La coordinación interinstitucional también se ha fortalecido: 129 medidas articuladas entre siete ministerios reflejan una gestión del Estado más coherente y orientada a resultados. En educación, por ejemplo, se firmó un convenio con el Demre para asegurar que jóvenes privados de libertad puedan rendir la PAES en los centros. Además, el Programa Revinculadores apoya a quienes cumplen medidas en libertad y presentan baja asistencia o abandono escolar, para que retomen sus estudios y reconstruyan su trayectoria educativa.
Estos esfuerzos ya muestran frutos: 111 jóvenes atendidos por el servicio cursan hoy estudios de educación superior. Su ingreso a universidades, institutos y centros de formación técnica no solo simboliza un avance académico, sino una apuesta por su dignidad y desarrollo personal.
A la fecha, 5.702 jóvenes han sido atendidos por el servicio. En la macrozona norte se registran 3.289 atenciones, y en la sur, 2.413 durante su primer año. El 10% corresponde a adolescentes de 14 y 15 años, el 40% a jóvenes de 16 y 17, y casi la mitad a mayores de 18. Actualmente, 2.731 jóvenes permanecen activos en el sistema, de los cuales solo el 7% son mujeres. Se suman además 588 derivaciones de mediación penal adolescente y 69 acompañamientos postegreso, nuevas líneas institucionales que amplían el horizonte de apoyo más allá del cumplimiento de la sanción.
El fortalecimiento de la infraestructura también ha sido clave. Se están ejecutando proyectos por más de 55 mil millones de pesos, incluyendo la construcción del nuevo Centro de Tarapacá en Alto Hospicio, mejoras en Coquimbo y Coronel, y la segunda fase del Centro de Antofagasta. A ello se suman los nuevos centros de justicia juvenil en Los Lagos -con una inversión superior a 10 mil millones- y Antofagasta, que en sus dos etapas superará los 17 mil millones.
En cuanto a los Centros de Reclusión Parcial (LAE-IP), este 2025 se inauguraron los de Arica ($159 millones) y Tarapacá ($181 millones), y se proyecta abrir próximamente en Ñuble, Los Ríos y Valparaíso, además de la separación administrativa de los de Antofagasta, Aysén y Magallanes.
Estamos cumpliendo la misión que la ley nos encomendó: garantizar que cada joven en conflicto con la justicia tenga una verdadera oportunidad de cambio. Pero la tarea continúa. Cada caso de reincidencia es una historia que no logramos revertir; cada proceso de reinserción exitoso, en cambio, es una victoria compartida. Porque cuando un joven vuelve a estudiar, consigue trabajo o repara el daño causado, no solo transforma su vida: transforma también el país que estamos construyendo.
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