Hipercapitalismo y la concentración eficiente del Estado

Emiliano Vargas López

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El proceso de venta anunciado del edificio de la Bolsa de Comercio -creo- es una evidencia del capitalismo y, en especial, de lo que podría ser definido como hipercapitalismo. ¿Podría un proyecto similar concretarse en Wall Street de Nueva York o en la Royal Exchange de Londres? La respuesta es sí. De hecho ya se realizaron proyectos inmobiliarios en las antiguas sedes de las bolsas en ambos países, cunas del capitalismo.

El uso del término "hipercapitalismo" tiene sesgo negativo al ser usado para resaltar elementos o características del sistema de propiedad compartida de empresas que tomen decisiones económicas para beneficios a sus dueños y que omitan o dañen a otros. Para mí, el concepto puede resaltar decisiones económicas pragmáticas y cuyas acciones pueden ser ejecutadas en Chile, como herencia social del sistema ideado por la dictadura militar que gobernó al país entre 1973 y 1990.

Por tanto, una decisión entre agentes privados en el mercado inmobiliario puede hacer mutar el uso y goce de un edificio, declarado Monumento Nacional del tipo histórico, en otro activo inmobiliario que logre obtener mayor rentabilidad de corto plazo. Con ello, el desarrollo de la nueva actividad económica podría revitalizar el alicaído casco histórico, logrando, además, externalidades positivas para terceros no participantes del intercambio comercial (definición de externalidad económica). La flexibilidad capitalista y la tecnología lo permiten, ya no es necesario corredores de bolsa en el lugar físico, ni operadores gritando para comprar o vender acciones.

Hoy la Bolsa de Comercio es electrónica y operada por otra empresa internacional de bandera colombiana. Hechos concretos para reafirmar de forma manifiesta el funcionamiento óptimo del libre mercado, donde las decisiones relevantes al desarrollo y del problema económico son tomadas por y para agentes privados, con exclusión prácticamente total del intervencionismo estatal, es decir, a mi opinión hipercapitalismo.

Sin embargo, es posible hacer dos preguntas: ¿Cuál autoridad del Estado se ha pronunciado en este anuncio de compra-venta? ¿Qué institución debe conocer o participar en la compra y venta entre privados? Al menos, a la primera pregunta pareciera que ninguna. Quizás es parte de un proceso inicial que no requiere publicidad (en sentido registral). Con seguridad, un competente funcionario auxiliar de la justicia (notario) quizás ya firmó dicho contrato entre privados y se ofició como hecho relevante a la CMF, en conformidad a la normativa vigente. Y para la segunda, tampoco se ha conocido con publicidad el pronunciamiento de la institución responsable del patrimonio, tal como manda la ley, sobre su derecho preferente de compra otorgado por el artículo 15 de la Ley 17.288. Al parecer, esto podría ser porque aún no habría presentación del proyecto o, si ello ya pasó, no existirían fondos públicos (restricción fiscal mediante) para concurrir a su compra. Esto debería resolverse cuando la "due dilligence" inmobiliaria termine.

Así, la gestión entre privados funciona bien, no hay problemas de permisología, no hay vecinos indignados que reclaman por la posible nueva actividad del edificio, no hay defensores del patrimonio bursátil haciendo una toma para evitar la destrucción del símbolo del capitalismo. El cambio parece que le hará bien a Chile, todos están de acuerdo, no existe oponibilidad y como efectivamente, el edificio aceleradamente se va deteriorando, adiós a la Bolsa de Comercio, bienvenida renovación urbana del barrio, a la cual pronto se podría incorporar un proyecto similar para el Club de la Unión.

Se comprueba que el hipercapitalismo es concreto, con nula observancia a la tradición bursátil y preponderancia del retorno a la inversión. Los mercados son eficientes, bienes inmuebles intercambiados y todos mejoran, nadie pierde. Además, los antiguos economistas como Coase, Schumpeter, Hayek y, en especial, Friedman, podrían afirmar que Chile seguiría siendo un caso exitoso del experimento neoliberal de los años '70.

Sin embargo, la concentración es eficiente en algunos aspectos de la economía, y dado que, la venta podría aún requerir el pronunciamiento del Estado (en este caso del CMN), es posible, preguntarse una vez más por el retorno del parlamento a Santiago. Esta vez, el retorno sería a una nueva sede, en el Barrio La Bolsa, más cercana al Poder Ejecutivo que al Poder Judicial como sucede con el actual exedificio del Congreso. Se podrían ahorrar recursos, como tiempo de viaje y con ello potenciar la actividad parlamentaria, reducir costos de transporte, permitiendo, además, liberar un activo inmobiliario en Valparaíso, disponibilizado de esa forma el edificio, para un nuevo uso que genere más empleo y mayor bienestar social, como por ejemplo un nuevo hospital regional o instituciones que aporten al crecimiento económico y a la esquiva innovación. Otra alternativa es generar un desarrollo público privado desregionalizado que vincule fuertemente a Valparaíso con el resto del país, por ejemplo, instalando en el edificio varios ministerios sectoriales que tienen vocación territorial, dado que hoy la conectividad digital permite gestión pública desde otras sedes, no necesariamente en Santiago.

Así, en Santiago, se podría desarrollar el Barrio de La República, ubicada en una zona típica revalorada, ya que posee cinco monumentos históricos que son los edificios Casa Central de la Universidad de Chile, Club de la Unión, Bolsa de Comercio, Academia Diplomática e Iglesia de las Agustinas. Esto desde el lado público. Desde el lado privado, las propuestas de proyectos inmobiliarios de alto impacto económico y social pueden ser flexibilizadas y adaptadas también a otros inmuebles con vacancia actual o anunciada, como por ejemplo la sede del Banco Santander de la calle Bandera. Finalmente, se podría dar una sana competencia entre dos tipos de proyectos inmobiliarios, donde la alternativa ganadora se daría por cual gestor inmobiliario actúa más rápido y más eficientemente.

Pero dado que hoy solo existe un proyecto, éste debería avanzar, más rápido, basado en la Ley 21.770 que establece una ley marco de Autorizaciones Sectoriales y a la propia velocidad que le den sus gestores. Al parecer, la sociedad hipercapitalista chilena estará mejor sin su antiguo edificio símbolo, que pronto -además- podría empezar a caer en pedazos.