Ley de inteligencia económica contra el delito: ¿Fin de las clases de ética?
El problema central de la persecución del comercio informal es la presencia de mafias de extorsión y el narcotráfico, que existen por la falta de coordinación de la información que se encuentra en distintas entidades públicas. Por ejemplo, la compraventa de un inmueble implica datos que son informados en la declaración de renta, quedando la información en manos del Servicio de Impuestos Internos (SII). Pero luego de la declaración y pago de los impuestos involucrados en la operación, esa información no se utiliza por otra entidad estatal.
Es decir, hay información en Aduanas, SII y otras entidades estatales que luego no se analiza en conjunto. Por tal motivo, hay riquezas que son ostentadas por personas mediante compras de vehículos de alta gama o casas de altos valores y que no han informado de ingresos que justifiquen dicha compra y riqueza.
En las últimas semanas ha empezado la discusión de la persecución de los dineros ilícitos, tema muy importante de abordar ya que la falta de eficacia en el ataque al comercio ilegal destruye el comercio legal. Principalmente, las pequeñas y medianas empresas son las que se ven atrapadas entre revisiones, procesos legales y cumplimiento de pagos de impuestos, las que deben lidiar además con el comercio ilegal que les quita clientes y que no tiene costos.
En esta misma línea, respecto de las grandes empresas, ha vuelto la discusión sobre los delitos al mercado de capitales y directamente se ha puesto énfasis en la forma de introducir dineros ilícitos al mercado de capitales, captura y lavado de dinero.
En general, la iniciativa de ley enviada el 11 de mayo por el Gobierno al Congreso robustece los estándares de persecución del "dinero ilícito mediante el fortalecimiento de las atribuciones de los organismos fiscalizadores para acceder a información oportuna sobre eventuales delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y criminalidad organizada". Pero la iniciativa aún debe ser revisada.
Esperemos que las mejoras terminen golpeando al delito no solo de cuello y corbata, sino que además puedan ser una herramienta que se dirija al comercio ilegal y al narcotráfico. Cuando me refiero al comercio ilegal, debo explicar que no solo quiero referirme al de las calles, sino al de los altos ingresos que se observan con la compra de relojes, joyas e ingresos de influencers que, aun existiendo normas, muchas veces escapan de la fiscalización.
Además, la nueva iniciativa actualiza la norma que establece los requisitos para las personas que ejercen control en instituciones financieras o mercado de capitales, en particular "personas acusadas o condenadas en Chile por delitos contemplados en Chile o en el extranjero en el marco de leyes referentes al lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros". Esperemos que con esta iniciativa legal se pueda evitar que las instituciones sean controladas por personas con antecedentes en fraudes y criminalidad.
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