No a la violencia contra la mujer

El hogar es para todos aquél lugar donde debiéramos sentirnos protegidos, respetados, queridos.De allí que la violencia intrafamiliar sea una de las peores agresiones posibles, pues se recibe de una persona muy cercana y, además, en un espacio que tendría que ser precisamente lo contrario, un refugio.

Este problema pasó por muchos años inadvertido. Se le minimizaba y ocultaba. Se le barría bajo la alfombra, tanto culturalmente como en nuestra legislación. Para muchos, lo que pasaba tras la puerta de los hogares debía quedarse allí.

Por eso, fue un paso audaz pero tremendamente justo y necesario cuando junto al diputado Sergio Aguiló presentamos en 1991 el primer proyecto destinado a sancionar la violencia intrafamiliar. Pretendíamos sacar a la luz un problema que afectaba a nuestra sociedad transversalmente, pero que se callaba.

La ley que surgió de allí, tras tres años de debate, la N° 19.325 fue un primer paso. Tuvo el mérito de visibilizar el tema, sacarlo de las casas y alentar a muchas personas, fundamentalmente mujeres, a denunciar sus casos y terminar con la larga noche de las agresiones.

Sin embargo, su aplicación no tardó en demostrar algunas insuficiencias y defectos.Presentamos, entonces, junto a la diputada María Antonieta Saa una modificación destinada a fortalecer las medidas cautelares y accesorias, endurecer las sanciones, elevándolo a la categoría de delito y agilizar los procedimientos. Se aprobó en la ley 20.066.

Luego, nos ocupamos de los casos más graves, aquéllos que ocasionan la muerte de la agredida.

Logramos aprobar la ley 20.480 que castiga el femicidio, buscando establecer penas más drásticas y disminuir los beneficios penitenciarios a quienes cometen este crimen deleznable.

Desde el parlamento hemos dado esta lucha por más de 20 años. Hemos avanzado, pero ciertamente nos falta mucho por hacer, porque no sólo desde la ley se logra eliminar la violencia contra las mujeres. Para esto se requiere el esfuerzo de toda la sociedad para cambiar profundamente un sistema cultural que subordina y discrimina a las mujeres donde la violencia representa un factor de dominio y control hacia ella.

Cada año unas 50 mujeres mueren en Chile víctimas de sus parejas, durante el 2013 han ocurrido 26 femicidios y resulta preocupante observar una suerte de indiferencia por parte de las autoridades ante el aumento de mujeres asesinadas en nuestro país.

La gran mayoría de ellas habían hecho denuncias ante los tribunales y habían recibido medidas precautorias, pese a esto, fueron perseguidas por sus victimarios hasta asesinarlas.

Esta dramática situación nos ha llevado a solicitar insistentemente tanto al Presidente de la República como a la ministra de Justicia que se incorpore a la brevedad el sistema de brazaletes electrónicos como instrumentos indispensable en la aplicación de medidas precautorias.

Seguiremos haciendo este llamado de atención ya que el gobierno no puede, ni debe seguir dilatando la licitación de los brazaletes electrónicos porque la propuesta económica resultó muy alta ya que excedió los 16 mil millones de pesos previstos. La vida de un ser humano, de una mujer, de una madre no tiene precio.

El año pasado, al día siguiente de promulgar la ley de penas alternativas el Presidente Piñera se comprometió a licitar estos brazalete a fines del 2012 o inicio del 2013, y en esa oportunidad se dijo que en tres años a partir de esa fecha se contaría con 8.500 dispositivos.

Ha pasado poco más de un año y medio, y no hay brazalete aplicado en alguna medida cautelar en caso de violencia intrafamiliar.