Sistema de justicia penal: un aporte sustancial a la institucionalidad del país
Para la ciudadanía hablar hoy de fiscales, defensores o jueces de garantía es algo cotidiano. Ello revela que el Sistema de Justicia Penal, que se completó de instalar hace 20 años en el país, se ha asimilado como parte de nuestro acervo institucional y solo especialistas, investigadores o personas con experiencia en el anterior sistema pueden distinguir el cambio generado.
En efecto, este 16 de junio de 2025 se cumplen dos décadas de la instalación del Sistema de Justicia Penal vigente en la Región Metropolitana, lo que significó su aplicación en todo el país. Un lustro antes comenzó a funcionar en las regiones de Coquimbo y La Araucanía, iniciando una virtuosa aplicación gradual en el país. Y aunque en el momento de la reforma hubo fuertes resistencias de algunos sectores que defendían la mantención del sistema inquisitivo existente, caracterizado-en una simplificación, por cierto- en un juez que investigaba, acusaba y juzgaba, finalmente el consenso logrado en el Congreso Nacional permitió que Chile contara con un sistema que, independientemente de las críticas que se le puedan hacer, ha sido exitoso en términos del debido proceso.
La instalación del Sistema Justicia Penal acusatorio implicó un cambio radical, puesto que Chile realizó una inversión cuantiosa para separar las funciones de investigar, procesar (en el antiguo sistema), formalizar y acusar (en el nuevo sistema) y de dictar sentencia; establecer juicios orales y públicos y no escritos como eran antes; se creó el Ministerio Público, compuesto principalmente por fiscales encargados de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados; se creó la Defensoría Penal Pública para otorgar defensa profesional a quienes no pueden tener abogado; y se crearon los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, para cada una de las fases del proceso. Además, se restaron a los jueces las tareas administrativas. Un beneficio adicional fue que muchas ciudades del país cambiaron su fisonomía arquitectónica principal, con la instalación de las nuevas instituciones.
En consonancia con la existencia en el país de un clima de mayor transparencia y probidad, la justicia penal ha sido objeto permanente de análisis y debate por parte de expertos e instituciones nacionales e internacionales. Incluso, en varios países latinoamericanos se estudian nuestras instituciones para mejorar sus propias experiencias.
Entre las instituciones que se crearon aquí para la evaluación del Sistema se encuentra la Comisión Coordinadora de Justicia Penal, compuesta por las principales autoridades de este ámbito, que se reúne periódicamente con el objeto de procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones participantes.
Ello por supuesto se suma al trabajo legislativo, que en todos estos años ha efectuado reformas significativas a efectos de perfeccionar y hacer más eficiente y eficaz la persecución penal. Entre las últimas podemos señalar las mejoras a la Justicia Juvenil; la incorporación de la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público, destinada por sobre todo a combatir el crimen organizado, que operará próximamente, una vez que se despache su normativa orgánica; el proyecto que fortalece el Ministerio Público, aumentando significativamente el número de fiscales; las modificaciones para que Gendarmería sea un eficaz colaborador en el combate a la delincuencia; y la Ley 21.694, que Mejora la Persecución Penal en materia de reincidencia. Esta es la reforma al Código Procesal Penal más relevante que se ha realizado desde su dictación, abordando aspectos críticos sobre la reincidencia y delitos de mayor connotación social, así como para brindar mayor seguridad a todas las instituciones del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces y juezas, víctimas, testigos y agentes policiales, regula aspectos relevantes referidos a la cooperación eficaz e incentivos para proporcionar información que contribuya a la desarticulación de asociaciones delictivas, entre otras medidas.
Asimismo, debemos considerar que estamos en los trámites finales para la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, que tendrá mayores recursos para -entre otros propósitos- la atención integral de las personas que han sido objeto de delitos violentos. Lo anterior muestra que estamos ante un sistema de justicia penal que es dinámico, que no es refractario a los cambios, y que todos los gobiernos, independientemente de su signo, han buscado hacerlo más sólido.
Debemos considerar que el año pasado ingresó más de un millón 733 mil delitos al Ministerio Público, que la Defensoría Penal Pública, se hizo cargo de 280 mil 859 causas, que los Juzgados de Garantía registraron sobre 549 mil 500 ingresos de causas y que Gendarmería de Chile mantuvo en prisión a más de 60 mil personas en promedio. Estas cifras reflejan solo parte del enorme trabajo que se realiza en el ámbito procesal penal y que todas sus instituciones se esfuerzan por cumplir su papel, que es vital para que la comunidad se sienta segura. Aumentar la confianza de la ciudadanía en el Sistema de Justicia Penal y las instituciones que lo conforman es un gran desafío y un imperativo que, sin duda, todas están dispuestas a enfrentar, puesto que es parte de nuestro sistema democrático.
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