Un Supremo error

Si sólo fuera por la exigencia social de una justicia más categórica a la hora de condenar la delincuencia, la designación del ministro don Rubén Ballesteros como nuevo presidente de la Corte Suprema ya por ese factor aparece como un supremo error; porque no hay delincuencia peor que la del terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad, las violaciones a los derechos humanos. Esos son los delitos más graves que puedan concebirse.

Y sucede que el ministro Ballesteros, un magistrado amable, atento, nunca vaciló en sus fallos en ponerse del lado de la impunidad, del no castigo a los violadores de derechos humanos.

Es decir, sentencias para salvar a los agentes de la política terrorista desatada en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 1973 por unas FFAA y Carabineros puestas al servicio de las transnacionales y de la derecha económica y política criollas.

Los pretextos para fallar en tal sentido han sido variados, pero ninguno legítimo.

En ocasiones estuvo por aplicar la prescripción, con lo que se vulneran tratados internacionales ratificados por nuestro país, desde luego los Convenios de Ginebra, y el propio artículo 5º de la actual Constitución chilena.

En otras se invocó ese subterfugio propio de malos tinterillos que se ha dado en llamar “la media prescripción”. En otras simplemente se apeló a la mal llamada “ley de amnistía”.

Primero porque no es ley, en ese tiempo no existía poder legislativo. Segundo porque no puede jurídica ni éticamente aceptarse la auto amnistía de los verdugos y tercero porque ese Decreto Ley firmado por doña Mónica Madariaga tenía una vigencia acotada en el tiempo.

La propia Corte Suprema declaró en varias oportunidades su antijuridicidad. Pero Ballesteros y otro par de ministros han insistido en recurrir a tales inválidos argumentos.

Si no se está de acuerdo en sancionar los crímenes de lesa humanidad, sería un contrasentido impresentable que, en cambio, estuviera por aplicar la mano dura que de modo tan insolente han exigido varios ministros de Piñera para sancionar las movilizaciones sociales.

Una presión que el actual presidente del máximo tribunal Milton Juica, rechazó con fuerza.

El 23 de octubre pasado Juica expresó enérgicamente su preocupación por esta “campaña contra los jueces que afecta su independencia”. Recordemos de paso que el ministro Juica será recordado porque siendo juez en tiempos difíciles se atrevió a procesar y condenar a la mayoría de los responsables del sanguinario degollamiento de nuestros inolvidables compañeros Parada, Guerrero y Nattino.

Y ahora, como presidente de la Corte facilitó el camino para que se abriera expedientes a cerca de mil 300 casos nunca antes investigados - entre ellos Salvador Allende y el general Bachelet – y que la Agrupación de Familiares de Ejecutado Políticos tomó en sus manos.

Tales antecedentes le han costado la agresión de los círculos gobernantes.

Uno de los furibundos fue el diputado UDI Gustavo Hasbún quien llegó a sostener que el ministro Juica “terminará en un partido político de izquierda” y afirmó que el supremo “actúa con un ánimo revanchista hacia el gobierno y los partidos de derecha”, asegurando que el magistrado les estaba “pasando la cuenta”

Esta confesión de Hasbún sólo puede interpretarse como el dolor de la derecha por la actuación de Milton Juica respecto de los procesos contra los criminales de la dictadura, y bueno, a confesión de parte ya sabemos…

Volviendo al comienzo, se ha dicho que la designación del ministro Ballesteros tuvo por objeto sacarlo de la Sala Penal del tribunal para que dejara de obstaculizar los procesos de DDHH.

Otra versión es que fue un gesto del poder judicial para adecuarse a los tiempos de la derecha. Como sea, llama la atención y preocupa.

Se trata de temas que no pueden ser ajenos al debate público porque uno de los asuntos centrales del desarrollo democrático de la sociedad es el relativo a la administración de Justicia y la independencia de los tribunales, cuestión aun en vías de resolverse en un país como el nuestro en que subsisten enclaves cavernarios, como la justicia militar aplicada a los civiles, o en que se ha dado una extrema politización en la designación de los integrantes del máximo tribunal.

La histórica falta de autonomía e independencia de los tribunales, agudizada por la dictadura militar y por los gobiernos democráticos que le sucedieron, sigue siendo una de las grandes tareas pendientes.