25O, la necesidad de una Constitución Verde

Ximena Órdenes

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El próximo 25 de octubre será el Plebiscito Nacional 2020, que marcará el inicio de un proceso que esperamos concluya con una nueva Constitución Política que refleje un nuevo Chile. En este contexto, bien vale preguntarse, ¿qué Carta Fundamental queremos? y ¿cuál será el lugar que tendrá el Medio ambiente en este nuevo Pacto social y político?

Recordemos que la Constitución de 1980 en su artículo 19 establece “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.

Si bien la redacción de este artículo aparecía como una figura visionaria para la época, 40 años más tarde es necesario avanzar hacia una redacción más amplia y con mayores estándares medio ambientales.

En el futuro, entendiendo que lo que viene es el diseño de una nueva arquitectura de convivencia, debemos romper con el sello antropocéntrico de constituciones anteriores y entender que somos parte de un espacio que va allá de la mera interacción entre seres humanos y que las formas en que desarrollamos nuestras actividades tienen efectos sobre la naturaleza y medio que nos rodea.

El cambio climático es presente, Chile si bien no es un país relevante desde el punto de vista de la generación de emisiones a nivel mundial, si es altamente vulnerable a sus efectos. La Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático estableció que nuestro país tiene siete de las nueve vulnerabilidades establecidas por el organismo, siendo uno de los 10 países más afectados por este fenómeno y no existe lineamiento explícito en la actual Constitución para enfrentar este desafío.

De la categorización que hace la ONU contamos con las siguientes condiciones frente al impacto del cambio climático: áreas costeras de baja estatura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos.

Es decir, si no tomamos medidas de adaptación, los eventos climáticos seguirán registrándose.

Este fenómeno global tiene expresión manifiesta y lo constatamos frente al calentamiento global, la situación de déficit hídrico que ha marcado la última década nuestro país, la pérdida acelerada de biodiversidad y el deterioro de ecosistemas marinos y terrestres.

Además, estas situaciones generan conflictos socio ambientales que no están siendo resueltos de manera adecuada con la formulación de la actual Constitución y entramado legal que emana de ella.

 En nuestro país, existen comunidades que viven bajo el estigma de zonas de sacrificio, por lo tanto, es fundamental que el nuevo acuerdo promueva legislación coherente para poder enfrentar los desafíos medio ambientales con las herramientas suficientes.

Es nuestro deber pensar en una Carta Fundamental apta para el siglo XXI. La actualización de nuestra Constitución no puede, ni debe dejar en un segundo plano el derecho a vivir en un medio ambiente sano, a que se tomen medidas para enfrentar el cambio del clima y a promover una nueva ética que nos reconozca dentro y no por sobre la naturaleza, de modo que se garantice el resguardo de la población y del medio ambiente.

Creemos firmemente que un nuevo pacto social consagrado en una nueva constitución requiere una nueva forma de gobernanza, más directa con la ciudadanía.

Finalmente, luego que el Gobierno informará que no suscribirá el Acuerdo de Escazú, tratado que tiene por objetivo garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública en las decisiones y asegurar la justicia en asuntos ambientales.

Más que nunca se valida una Constitución Verde como camino para avanzar en el resguardo y compromiso del medio ambiente para hoy y mañana y que garantice una mirada transversal respecto de lo que significa cohabitar el planeta.