El desmantelamiento ambiental
Durante su campaña, el Presidente José Antonio Kast ya anticipaba cuál sería su postura y la de su gobierno en torno a la ecología; sin embargo, la magnitud de sus decisiones en los primeros días de administración no deja de sorprender. Desde sus erráticos mensajes de campaña -inolvidable su observación: "El agua de los ríos se pierde al llegar al mar" o sus críticas a quienes buscan salvar "pajaritos"- hasta las declaraciones de sus ministros sobre el "cuidado de los arbolitos" en contraposición a las necesidades humanas, el tono contra la defensa ambiental ha aumentado.
Y ya no son solo esos fallidos, errados e, incluso, ridículos discursos los que generan preocupación, sino las acciones que gracias a esa retórica comienzan a desarrollarse: ejemplo de esto es la decisión de retrotraer más de 40 decretos ambientales; la elección de suspender las definiciones en torno a sitios protegidos, o la opción de -pese a autodenominarse un gobierno de emergencia- no priorizar la discusión del proyecto de ley de prevención de incendios, una verdadera urgencia, que arriesga volver a quedar postergada hasta la ocurrencia de una nueva catástrofe, con los costos en vidas humanas, miles de hectáreas arrasadas y reconstrucción que esa elección conlleva.
El hecho de que el único proyecto de ley que menciona al "medio ambiente" que el Ejecutivo busca acelerar en su tramitación legislativa sea aquel que lleva por título "fortalecer la institucionalidad ambiental", pero que en la práctica -de ser aprobado- conseguiría justamente lo contrario, reduciendo controles y contrapesos establecidos en la institucionalidad existente, limitando herramientas de impugnación ciudadana, y en definitiva, haciendo el sistema más favorable a la aprobación de proyectos de inversión.
El gobierno comete dos errores históricos. Primero, tratar el medio ambiente como un asunto secundario, ignorando la evidencia científica y el escenario climático actual que enfrenta el país. Segundo, no comprender que debilitar la institucionalidad ambiental se traduce más temprano que tarde en grandes costos económicos.
Según el Informe sobre Riesgos Globales 2026 del World Economic Forum, los principales riesgos para la economía mundial en la próxima década serán ambientales: eventos climáticos extremos, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas.
Más allá de la caricatura de los "arbolitos", la protección de la biodiversidad tiene beneficios económicos directos, como asegurar la producción de alimentos, la disponibilidad de agua y la continuidad de industrias que dependen de ecosistemas sanos. Aspectos de primera importancia económica, especialmente en una economía como la chilena.
En este contexto, debilitar la institucionalidad ambiental no es eficiencia, sino falta de visión. El desmantelamiento ambiental que pareciera instalarse en La Moneda sólo producirá más emergencias. En un momento en que el mundo reconoce que la economía depende de ecosistemas sanos, insistir en su desprotección no sólo es un error ambiental, sino también económico, porque cuando se erosiona la base natural del desarrollo, lo que está en juego no es una agenda sectorial, sino el futuro de todo el país.
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