¿La caja o el espacio fiscal?
En los últimos días, el debate público se ha centrado en el "bencinazo" que aumentó el precio de gasolinas en $370 y del diésel en $580, a pesar de contar con instrumentos de estabilización de los precios de los combustibles vía Mepco. Desde sectores oficialistas se ha instalado una narrativa que sugiere que la administración saliente dejó al Estado "sin caja" e incluso "en la quiebra". Si bien el ministro de Hacienda actuó con la responsabilidad institucional que su cargo exige al desmarcarse rápidamente de términos que no se condicen con la realidad del país, es fundamental desgranar qué hay detrás de esta comunicación para distinguir entre la restricción financiera real y la conveniencia política.
La idea de una "caja" de apenas 46 millones de dólares es un espejismo estadístico. Primero, porque se trata de una cifra desactualizada de diciembre de 2025, que omite deliberadamente que en enero de 2026 la disponibilidad efectiva ya superaba los 1.400 millones de dólares. Segundo, porque más allá del saldo puntual en una cuenta bancaria, el análisis serio de las finanzas públicas nos enseña que en una economía que arrastra déficit hace más de una década (con la excepción del año 2022, bajo el gobierno anterior), la "caja" es una decisión de endeudamiento. Para ilustrar: si la administración anterior hubiese optado por emitir deuda al ritmo del primer gobierno del presidente Piñera (quien ostenta el segundo registro de menor endeudamiento de los últimos 15 años, sólo por detrás del presidente Boric), hoy la caja fiscal podría exhibir holgadamente más de 7.000 millones de dólares manteniendo exactamente el mismo nivel de gasto. La pregunta de fondo, entonces, no es cuánto dinero hay hoy en el banco, sino ¿qué capacidad real tiene el país para enfrentar gastos inesperados?
Esta misma lógica debe aplicarse al análisis de los fondos soberanos. Al cierre de 2021, antes de que asumiera la administración de Boric, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) contaba con 2.500 millones de dólares, cifra que se encontraba en 3.900 millones al finalizar 2025. Sin embargo, muchas veces escuchamos que la administración anterior recibió el FEES con más recursos que la administración que acaba de asumir. Y es cierto, ya que alcanzó los 6.400 millones de dólares justo antes del cambio de gobierno en febrero de 2022.
Sin embargo, se omite la pregunta clave: ¿De dónde provinieron los recursos para ese salto puntual? La respuesta es deuda pública. Solo en el primer trimestre de 2022, el Estado emitió deuda por más de 11.000 millones de dólares. Una vez más, lo que se presenta mediáticamente como "ahorro" fue simplemente el registro contable de un endeudamiento masivo previo.
Lo que realmente determina el margen fiscal de una economía no es el dinero bajo el colchón, sino lo que el FMI denomina "espacio fiscal": la capacidad de aumentar el gasto sin comprometer la estabilidad futura. Al mirar la foto de marzo de 2026, los indicadores relevantes son contundentes. El gobierno entrante recibió el país con una deuda bruta del 41,5% del PIB, una cifra que, si bien es superior a la de 2022, representa el menor ritmo de crecimiento desde Bachelet I e incluyó, por primera vez en 18 años, una disminución real del ratio durante 2025. Chile hoy debe 30 puntos del PIB menos que la media de los países emergentes y casi 70 puntos menos que las economías avanzadas.
A esto se suma un déficit fiscal promedio post-pandemia de 2,7% del PIB, en el rango medio de los países de la OCDE y en un nivel comparable con el 2,4% en el trienio previo a la pandemia. Además, se logró un quiebre en la inercia de crecimiento del gasto público de la década previa a la pandemia, que pasó de crecer al 5% anual a reducir esa tasa a la mitad, logrando una consolidación estructural y no meramente cíclica.
Los inversionistas externos sustentan esta visión: los seguros contra impago (credit default swaps) y los spreads de nuestra deuda se entregaron en niveles considerablemente más bajos que en marzo de 2022 e incluso inferiores a los niveles previos al estallido social de 2019. Por último, se cerró este ciclo con una victoria macroeconómica fundamental: tras años de turbulencia, la inflación se entregó bajo la meta del 3% establecida por el Banco Central, reduciendo el riesgo de implementar mayores gastos fiscales.
Con estos antecedentes sobre la mesa, la supuesta imposibilidad de estabilizar los precios de los combustibles vía MEPCO o de atender urgencias sociales se revela no como una limitación de la "caja", sino como una decisión política. En marzo de 2022, cuando el petróleo superó los 130 dólares en medio de una crisis global, se eligió proteger a las familias chilenas a pesar de las condiciones adversas.
Hoy, con una economía estabilizada, deuda anclada y disponibilidad de acceso a los mercados, argumentar una "falta de fondos" mientras se empujan agendas de reducción impositiva para las grandes empresas sugiere que la razón no es fiscal, sino ideológica.
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