Coescrita con Beatriz Bustos Gallardo, doctora en Geografía, profesora asociada U. de Chile
Durante el 2023, escribimos sobre los supuestos implícitos detrás del entusiasmo por el hidrógeno verde en Chile. En ese momento advertíamos -entre otras cosas- que el país estaba apostando a convertirse en una potencia exportadora de un recurso cuya tecnología, mercados y escalas de uso aún no estaban consolidados. La apuesta parecía apoyarse más en promesas que en certezas.
Hace pocos días, el propio gremio del hidrógeno verde en Magallanes anunció la paralización de actividades por la inexistencia de un mercado consolidado. La noticia no debería sorprender. Desde el inicio, el desarrollo del hidrógeno verde se ha sustentado en una economía de expectativas: proyecciones de demanda futura, promesas de inversión, anuncios de megaproyectos y acuerdos internacionales que imaginan cadenas globales de suministro aún inexistentes.
Chile se posicionó rápidamente como un territorio "ideal" para esta industria. Vientos intensos, abundante radiación solar y grandes extensiones de territorio fueron presentados como ventajas comparativas para producir energía destinada principalmente a mercados externos. Sin embargo, esa narrativa omitió una pregunta fundamental: ¿Para quién y a qué escala se desarrollaría esta industria?
El hidrógeno verde no es una tecnología nueva, pero su despliegue a escala global sigue siendo incierto. La producción, transporte y uso final requieren infraestructuras complejas, costosas y aún en desarrollo. En muchos sectores, las aplicaciones industriales siguen siendo experimentales o económicamente inviables sin subsidios masivos. En otras palabras, el hidrógeno no es todavía un commodity energético consolidado.
A pesar de ello, en pocos años se anunciaron decenas de proyectos de escala gigawatt en regiones como Magallanes, muchos de ellos destinados exclusivamente a la exportación. Se habló de miles de millones de dólares en inversión, de corredores energéticos internacionales y de la posibilidad de que Chile abasteciera la descarbonización de Europa y Asia. Pero en ese relato quedaron relegadas preguntas básicas sobre impactos territoriales, acceso local a la energía o beneficios reales para las comunidades donde se instalarían estos proyectos.
Hoy vemos con mayor claridad que buena parte de ese impulso respondía a una lógica profundamente especulativa. Las inversiones, acuerdos internacionales y anuncios empresariales no estaban necesariamente respaldados por una demanda efectiva ni por tecnologías plenamente escaladas. Más que una industria consolidada, lo que emergió fue un paisaje de expectativas: proyectos en prefactibilidad, anuncios de cooperación internacional y territorios reimaginados como futuros hubs energéticos.
Nada de esto significa que la transición energética no sea urgente ni necesaria. La descarbonización sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Pero la urgencia climática no debería justificar decisiones apresuradas ni reproducir modelos extractivos bajo nuevos nombres.
Si algo demuestra la pausa actual en Magallanes es la necesidad de repensar la estrategia. En lugar de imaginar a Chile como proveedor de energía para otros, quizás sea momento de preguntarnos cómo una transición energética puede fortalecer sistemas energéticos locales, mejorar el acceso a la energía y reducir las desigualdades territoriales.
La transición energética no puede construirse únicamente sobre promesas de futuro. También requiere realismo, planificación territorial y una discusión honesta sobre quién asume los costos y quién recibe los beneficios.
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