Elecciones 2026 en Perú: ¿Fin a una era de inestabilidad política?
Coescrita con Abraham Magluff Martínez, licenciado en Ciencia Política U. de Talca y doctorando en Ciencias de la Complejidad Social U. del Desarrollo
El pasado 12 de abril se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Perú con más de 30 candidatos. De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, pasaron a segunda vuelta la derechista Keiko Fujimori, con 17,19% de los votos, y el izquierdista Roberto Sánchez, con 12,04% de los votos. Lo anterior, en medio de acusaciones de fraude y un recurrente conflicto político.
La segunda vuelta está fijada para el 7 de junio, lo que significaría que el país tendría un vencedor definitivo después de años de haber subrogado el poder a diferentes figuras luego del fallido autogolpe de Pedro Castillo. El problema pareciera no resolverse en lo inmediato con una contienda electoral de estas características, por lo que surge la pregunta: ¿Finalizará una era de inestabilidad en Perú? La respuesta estructural es no. Y para entenderlo, se deben analizar los periodos anteriores a Castillo, Alberto Fujimori e incluso más atrás que la república.
El intelectual José Carlos Mariátegui advirtió hace casi un siglo que la debilidad del sistema político peruano no era coyuntural sino estructural, producto de una élite nacional incapaz de construir instituciones representativas modernas y de una cuestión social irresuelta que fragmentaba cualquier proyecto de nación coherente. Lo que Mariátegui diagnosticó en 1928 sigue siendo la clave para entender el Perú de 2026. Alberto Fujimori no inventó esa debilidad. La institucionalizó.
Al disolver el Congreso en 1992 y redactar la Constitución de 1993, instaló un modelo donde el Estado sobrevive gracias a instituciones tecnocráticas -el Banco Central, el Ministerio de Economía- mientras la representación política queda deliberadamente debilitada. El resultado es una dualidad estructural que continúa hasta hoy: una economía que opera en piloto automático y una política volátil e inestable donde los presidentes funcionan como fusibles. Ocho mandatarios en 10 años no son un accidente, son el diseño funcionando exactamente cómo fue concebido. El dato más revelador de estas elecciones lo ilustra involuntariamente: el mismo Estado que administra con disciplina una de las economías más estables de América Latina no pudo garantizar el conteo de votos en tres semanas.
El problema no es solo institucional es partidario en su raíz. El politólogo peruano Steven Levitsky ha descrito a Perú como una democracia sin partidos: lo que los ciudadanos encuentran en las urnas no son organizaciones con historia, doctrina y bases sociales propias sino etiquetas electorales construidas para una campaña y desechadas después. Esta no es una patología reciente, es el resultado acumulado de un proceso histórico donde ningún partido logró consolidarse establemente con la excepción parcial del APRA, el único que construyó una base social orgánica real, pero cuya trayectoria tampoco logró estabilizar el sistema. Una debilidad estructural que Mariátegui ya diagnosticaba hace un siglo es la incapacidad de las élites peruanas para construir instituciones representativas modernas. El resultado es una volatilidad electoral sin comparación en la región donde el voto no se encuentra en identidades partidarias estables sino en figuras que emergen y desaparecen con cada ciclo electoral. En ese desierto organizativo, la segunda vuelta del 7 de junio no enfrenta a dos proyectos políticos consolidados sino a dos nombres sobre el vacío.
En este escenario la figura de Keiko Fujimori no es una anomalía es el síntoma más claro de la enfermedad institucional peruana. Lo que opera en su caso es lo que Max Weber identificó como carisma hereditario: la transferencia de la legitimidad extraordinaria del líder carismático a su descendencia, donde la sangre reemplaza a las cualidades personales como fuente de obediencia política. Sus votantes no la eligen por lo que ella es (por quinta vez pasa a segunda vuelta), sino porque a través de ella eligen algo reconocible en un sistema donde todo lo demás es efímero. En un país sin partidos orgánicos, la única organización que ha sobrevivido tres décadas tiene ventaja estructural permanente no porque sea más poderosa sino porque sus competidores se reconstituyen desde cero en cada ciclo electoral. El fujimorismo no resurge, nunca desapareció. Es el único elemento permanente en un sistema diseñado para que nada perdure.
Quien llegue a la presidencia en julio lo hará con menos del 20% del electorado como base, sin organización partidaria real y operando en un sistema constitucionalmente diseñado para producir ingobernabilidad. La polarización entre los candidatos de la segunda vuelta no es la causa de la inestabilidad peruana, es su expresión más reciente. El problema es más profundo, de carácter estructural y partidario, como advirtió Mariátegui hace un siglo y parte de la politología peruana ha desarrollado. A esto se suma el rol del Congreso con una fuerte presencia capaz de generar cambios en la escena política. Así se ha manifestado su actuar con respecto a la salida de diferentes figuras políticas en el rol del ejecutivo.
Por tanto, en este escenario se deben considerar más actores. El rol del presidente/a tiene igual importancia que el del poder legislativo y que los partidos políticos. La suma de acciones de estos actores genera un contexto incierto. Es un hecho que la segunda vuelta del 7 de junio producirá un ganador. Sin embargo, no otorgará una solución a corto plazo ni el retorno a una estabilidad política.