Seguridad pública: el fin de la luna de miel
La delincuencia en Chile ha dejado de ser un indicador de percepción para consolidarse como un factor disruptivo en la rutina diaria. La constante exposición a hechos de violencia -desde los despachos móviles de balaceras en el desayuno, los reportes de homicidios al almuerzo y el resto del día la viralización de estremecedores videos de delincuencia por redes sociales- está generando una normalización de la incertidumbre. Este fenómeno es el síntoma más peligroso para un país que, supuestamente, aspira al desarrollo social y económico; y también de un gobierno que prometió como principal línea de gobierno lograr el fin de esta crisis criminológica.
Este escenario, que afecta directamente la planificación de una sociedad civil y sus expresiones económicas de manera crítica, se ve limitada por un entorno inestable dentro y fuera del Palacio de La Moneda. El control de la seguridad fue el eje central de la propuesta programática del Ejecutivo, bajo el apelativo dramático de un "gobierno de emergencia", pero ante el plazo autoimpuesto de los primeros 100 días de mandato, el libreto parece repetirse sin variaciones. Incluso se matiza esta inacción bajo un nuevo barniz retórico de "etapa de aprendizaje".
Hace un año, el actual Ejecutivo acusaba a la administración Boric de ser un "gobierno de estudiantes en práctica". Hoy, La Moneda expulsa a sus dos ministras de la primera línea por no pasar los ramos básicos de comunicación y efectividad. Es valorable que se haya realizado un cambio de gabinete temprano, pero las señales sobre reducir la inseguridad en la calle se ven cada vez más insuficientes.
Si en el periodo anterior se percibía una superioridad moral en el discurso, hoy asistimos a una exageración de planes inéditos y extravagantes que, en la práctica, se sienten como nuevas promesas sin cumplir. Mientras el aparato político administrativo expresa su falta de adaptación y pide paciencia para montar ese aprendizaje, el crimen organizado demuestra un perfeccionamiento constante desde el portonazo a nuevas amenazas cibernéticas, de estafas bancarias y asociaciones ilícitas de tipo internacional.
El auge del crimen organizado que vino desde Asia, la vulneración informática de raíz Europea, los clanes de la droga y el sicariato que lavan dinero en nuestro país o usan nuestros puertos como ruta libre ocupan parte de ese entramado que las noticias muestran como una nueva realidad de la cual escondernos. No deja de ser llamativo que quienes auspician esas horas de pavor en los medios sean empresas de alarmas y de seguridad con respuestas tan ingenuas como las de cavar zanjas en el extremo norte del país. Incluso, las casas de apuestas no permitidas por ley, siguen campeando hasta como sponsors de fútbol en horario prime.
En este contexto, la aprobación de la idea de legislar el megaproyecto de seguridad representa un punto de inflexión necesario, pero solo si deja de ser tinta sobre el papel. La ciudadanía requiere que esta legislación agilice detenciones, aumente penas por reincidencia y deje de dilatarse en la burocracia legislativa como si fuese otro tipo de permisología. Desde la perspectiva gremial que representamos, reafirmamos que sin certezas jurídicas no hay incentivos para la inversión. No necesitamos estudios académicos con plazos a tres años o que muestren su supuesta eficacia mucho después de terminado este mandato ejecutivo, sino un sistema de inteligencia robusto con metas medibles y presencia real en la vía pública.
El resguardo de la seguridad y de la propiedad privada no constituye una concesión discrecional del Ejecutivo. No es un lujo para algunas comunas o para el barrio de los ex presidentes, sino un derecho constitucional financiado mediante nuestros impuestos. Haciendo memoria, hace una década no enfrentábamos el nivel de victimización actual, es decir esta percepción de miedo permanente se haya o no sufrido de un acto delictual. Hoy las cosas han cambiado: hay indicadores, estadísticas y falencias graves y medibles que el crimen ha identificado y aprovechado. El país no puede seguir esperando resultados mientras los equipos de gobierno terminan de instalarse o pasan páginas de un silabario de la seguridad, aprendiendo el oficio. Desde el ámbito técnico y gremial, reiteramos lo que hemos señalado en reflexiones anteriores: en el aparato judicial existen profesionales ya fogueados en el tema, hay experiencia y datos a la vista para pasar de la teoría a la acción y colaborar con experiencia operativa. La seguridad no se resuelve con pasantías ni estudiantes en práctica. Se requiere decisión política inmediata para evitar que, en seis meses más, estemos analizando exactamente los mismos problemas.