La falacia de la carretera eléctrica

Una falacia es un razonamiento incorrecto que aparenta ser correcto; y sus premisas no garantizan la veracidad de su conclusión, pero pueden ser muy persuasivas y difíciles de desenmascarar.

Es el caso del proyecto de Carretera Eléctrica como solución para la actual estrechez en los sistemas de transmisión.

Dicho proyecto de Ley - enviado hace pocos días por el presidente Piñera al Congreso- no cumple con la oferta gubernamental de mejorar la seguridad energética, abaratar los costos de la energía y promover las ERNC. Por ello sentimos el deber de informar y alertar a la opinión pública.

Primero, en lo concreto, el proyecto de carretera eléctrica no responde a las necesidades de transmisión que requiere el país en los próximos 20 años, ni con la infraestructura ya planificada para dicho periodo. El gobierno durante 2011 terminó el Estudio de Transmisión Troncal (ETT) el cual definió los trazados para la transmisión eléctrica necesaria para el mediano y largo plazo.

Al respecto, ya se licitaron dos subestaciones y seis trazados (Cardones/Maitencillo; Maitencillo/Pan de Azúcar; Pan de Azúcar / Polpaico; Charrúa / Ancoa; Charrúa / Padre las Casas y Ciruelos / Pichirripulli), de los cuales 2 están ya adjudicados y 4 serán lo serán en los próximos meses.

El proyecto tampoco responde a las necesidades de sub-transmisión: el Estudio de Expansión en Sub-transmisión para satisfacer los requerimientos de los próximos veinte años también está terminado, y parte importante de la infraestructura ya ha sido licitada.

En consecuencia, con esta infraestructura de expansión troncal ya definida en el ETT- 2011, es perfectamente posible transmitir los 136 Tera-Watts hora que proyecta el Ministerio de Energía para el año 2030.

Segundo, la carretera eléctrica, a pesar del mensaje que da el gobierno, tampoco está diseñada para facilitar la inyección de energía proveniente de fuentes renovables no convencionales (ERNC) al sistema troncal, pues la expansión definida y ya licitada en el ETT- 2011 es capaz de recibir adecuadamente, hasta el año 2030, las inyecciones de ERNC correspondientes a las cuotas obligatorias que establece la legislación vigente y la regulación que hoy se tramita en el Congreso (Ley 20-20).

Y es que las ERNC no necesitan grandes líneas troncales como se afirma en la propuesta del gobierno, sino que requieren perfeccionar y poner en operación el mecanismo de líneas asociativas establecido por el gobierno de Bachelet, en apoyo de las líneas de transmisión de proyectos eólicos, hidráulicos, geotérmicos o solares asociados hasta las líneas troncales.

Tampoco el proyecto de carretera responde a un requerimiento clave para inyectar ERNC al sistema troncal, que es la transformación de alta tensión de la línea a una tensión menor en la que llegarían las líneas desde las centrales generadoras del tipo ERNC.

Este tipo de generación se transmite en voltajes bajos y medios (entre los 23 y 110 KV), y requieren conectarse al sistema troncal mediante una subestación seccionadora que la transforma a alta tensión (220 KV ó 500 KV) en que transmiten las líneas troncales. La materialización es estas subestaciones es de un alto costo de inversión - por sobre los 10 millones de dólares - materia que tampoco aborda el proyecto de Ley del Ejecutivo.

Finalmente, en cuanto al interés público del proyecto que argumenta el ejecutivo, es donde residen las mayores inconsistencias y contradicciones: el proyecto de carretera eléctrica impone franjas fiscales de “interés público” sobre porciones de territorios públicos y privados, imponiendo servidumbres, sin apelación de los afectados o afectadas (artículo 72-1); sin participación ciudadana y sin previo estudio de impacto ambiental.

Esta situación no es sólo política y legalmente cuestionable, sino que además contradice toda la normativa asociada al procedimiento de obtención de permisos sectoriales. Significa una amenaza a las Áreas Silvestres Protegidas, a los territorios indígenas (cautelados por el Convenio 169 de la OIT), a la ley de bosque nativo, a los bienes nacionales de uso público y a los derechos de propiedad de agricultores, campesinos, emprendimientos turísticos y bienes municipales, entre muchos otros.

En consecuencia, esta pretendida carretera eléctrica “de utilidad pública” permitiría eludir decenas de permisos sectoriales que hoy posibilitan resguardar –precisamente- el interés público.

Adicionalmente, el proyecto también impone mayores costos a los consumidores, quienes deberán pagar más del 70% del precio de la infraestructura de transmisión de interés público.

Esto es un vergonzoso subsidio adicional para las empresas eléctricas con cargo a las familias chilenas que además confirma las denuncias de la ciudadanía: de que este “traje a la medida para Hidroaysén” está diseñado para facilitar que Endesa y Colbún con su tendido de 2.000 kilómetros, pasen por encima de las comunidades y las regiones, afectando el patrimonio ambiental, cultural y económico de millones de chilenos y chilenas.

Desde que se conformó la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria para la matriz y la política eléctrica (CCTP), en mayo de 2011, se ha conminado al presidente Piñera a escuchar las demandas ciudadanas por una real y efectiva política energética sustentable y democrática, que sea capaz de estimular la diversificación de la oferta eléctrica, el ordenamiento territorial y la protección de los derechos de las comunidades locales y regionales.

Y también se ha señalado la urgencia de reformar sustantivamente el sistema de tarificación con el cual se determina el precio que pagan los clientes regulados, que es la mayor parte de la población, que hoy beneficia el mayor lucro de las empresas que monopolizan el mercado eléctrico.

Más aún, en febrero de este año, el presidente Piñera lanzó la Estrategia Nacional de Energía (ENE), la que prioriza – al menos en papel - las políticas y regulaciones para alcanzar una meta de 12% de Eficiencia Energética al año 2020, además de impulsar decididamente las energías renovables no convencionales (ERNC). Ello requiere que el gobierno apoye la ley 20% ERNC al año 2020, ya aprobada unánimemente por el Senado en enero, pero hoy bloqueada por el gobierno en la Cámara de Diputados.

Es hora de que el Gobierno sea coherente con sus anuncios energéticos, apartándose de propuestas falaces, que disfrazan de beneficio público los privilegios que otorga a un pequeño grupo de empresas que hoy dominan el mercado eléctrico nacional.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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