Nuestro país enfrenta, al igual que otras naciones hermanas, la difícil tarea de proponer e implementar políticas desde el Estado para reactivar la economía. En el caso de Chile, debemos tener en cuenta tres aspectos que impulsan a que el escenario sea relativamente diferente, la crisis de legitimidad de las instituciones evidenciada desde el 18 de octubre del año pasado, las consecuencias económicas y sociales pos COVID-19 y el rol jugado por nuestro país en la COP 25 de Madrid.
Las instituciones políticas han estado bajo presión luego de las manifestaciones iniciadas el 18-O, en 2019. En materia ambiental este contexto de conflictividad era latente desde mucho antes.
Sin ir más lejos, las movilizaciones en Aysén el año 2012, producto de un mal proyecto de generación eléctrica, remeció a todo el país. Además, a la fecha contamos con más de 100 conflictos socioambientales, cuya resolución es incierta. Todo ello deja en evidencia la persistente desigualdad en Chile.
En segundo lugar, los efectos económicos y sociales de la pandemia en curso, están produciendo graves efectos en las familias. Hoy vemos un fuerte debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el cual el primero resolvió medidas que no han sido suficientes para sectores emergentes y de ingresos medios, mientras desde el Congreso se intenta solucionar lo que La Moneda no logra atender ni entender. Esta vez, las desigualdades se ven todavía más incrementadas.
Pese al Acuerdo por la Reactivación Económica al que llegaron diferentes sectores políticos, y que supone un paquete económico de US$12 mil millones para los próximos 24 meses, es importante sostener junto con la Fundación Chile Sustentable que, si bien se valora este avance para la mayoría tardío, se trata de medidas sociales que no deberían ser a costa de la desprotección de los ecosistemas y de los más vulnerables.
Finalmente, si Chile aspira a ejercer liderazgo internacional en materia de sustentabilidad, como lo intentó en el proceso de la última COP 25, debe pensar en serio políticas y planes de energías renovables, reforestación y eficiencia energética.
Con todo, una agenda con estos puntos contribuirá a disminuir las desigualdades socioambientales que ya no pueden esperar más y que sin duda volverá a ser tema prioritario una vez superada la peor parte de la pandemia.
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