Más agua, más futuro: construyendo equidad hídrica
El agua es la base de nuestra producción agrícola y, por lo tanto, de la seguridad alimentaria de todas las familias chilenas, urbanas y rurales. Garantizar un mejor acceso a este recurso es fundamental para fortalecer la producción en nuestros campos y asegurar alimentos en nuestras mesas. Por eso, como gobierno hemos puesto a la justicia hídrica en el centro de nuestras acciones, generando condiciones para un acceso equitativo al agua y con foco en la pequeña y mediana agricultura.
Los avances son concretos: entre los años 2021 y 2025 el presupuesto anual para bonificaciones de riego aumentó en casi 50%, alcanzando los $108.000 millones en el presente año. Solo en 2024, se bonificaron 2.490 proyectos que beneficiaron a 58.600 personas en todo Chile. Por primera vez en la historia de este programa, las mujeres lideraron la mayoría de los proyectos individuales (51%), lo que refleja una transformación social y productiva digna de ser destacada.
En este sentido, la nueva Ley de Riego, aprobada en 2023, marca un punto de inflexión: por primera vez, cooperativas campesinas, pueblos originarios y pequeños agricultores acceden en igualdad de condiciones a recursos que antes estaban concentrados en unos pocos. Asegurar este acceso significa que el agua se convierta en una verdadera palanca de equidad territorial.
Estos avances van de la mano con el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, como el que asumimos desde el Ministerio de Agricultura con la instalación de nuevas oficinas de la Comisión Nacional de Riego (CNR) en Copiapó, Rancagua y Los Ángeles, acercando soluciones al territorio. Esto permitió consolidar convenios por más de $40.000 millones con gobiernos regionales y con la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Además, se alcanzó un récord de 490 proyectos que combinan riego con energías renovables, permitiendo producir con mayor eficiencia, autonomía y sostenibilidad.
La justicia hídrica no es un concepto abstracto: se traduce en canales mejorados, hectáreas tecnificadas y sistemas de riego que hoy, en muchos casos, son gestionados y liderados por mujeres agricultoras que transforman la producción de sus comunidades. Ellas, que históricamente habían tenido menos acceso al agua, hoy están al frente de un cambio estructural que combina innovación, equidad y resiliencia.
También implica reconocer que el agua es un recurso limitado y que su gestión debe ser responsable. Por eso, la inversión pública necesita complementarse con la organización de los propios usuarios, con la innovación del sector privado y con un compromiso ciudadano que valore el esfuerzo que significa producir en condiciones cada vez más desafiantes.
Hoy hacemos un llamado a la responsabilidad compartida. Productores, organizaciones de regantes, gobiernos regionales, municipios y ciudadanía deben sumarse a esta agenda. Porque garantizar agua para producir no es solo una tarea del Estado: es un compromiso colectivo para asegurar alimentos sanos y oportunidades de desarrollo en cada rincón de Chile.
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