A un año de la asunción del Presidente Sebastián es un buen tiempo para efectuar un balance de la gestión en materia de sustentabilidad, ya que el presente año estará marcado por trámites legislativos de aquellos proyectos presentados por el ejecutivo y desde el próximo año comenzarán las batallas electorales.
Es por ello que es importante indicar los avances que resultan y que no se pueden desconocer como es el caso de la continuidad de la Estrategia Nacional de Electromovilidad realizado bajo el Gobierno de la Ex Presidenta Michelle Bachelet que se demuestra con el auge del uso de vehículos eléctricos tanto en el transporte público como en el ámbito particular pese a su alto valor comercial, así como también de la implementación de la Ruta Energética 2018-2022 que posiciona a nuestro país a escala mundial en el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), considerando que se genera cerca de un 20% de su energía a través de este tipo de energía.
Sin embargo no todo es color de rosa, ya que aún nuestro país presenta grandes vacíos en materia de sustentabilidad, puesto que los embates del Cambio Climático afectan a gran parte de nuestro territorio y se presentan en todos sus estados posibles generando estragos como por ejemplo aluviones, desbordes de ríos, prolongadas sequías, aumento sustantivo de la temperatura, el peligroso avance de la desertificación de Norte a Sur, así como además los altos niveles de contaminación producto de emisiones de CO2 provocados por grandes empresas en zonas llamadas de sacrificio.
El desafío para el gobierno es grande y medidas como el retiro del plan de prevención y descontaminación para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví; la negativa en firmar el Acuerdo de Escazú que busca resolver las controversias en materia medioambiental para América Latina y El Caribe; la indicación sustitutiva a la reforma del Código de Aguas que pretende entregar a perpetuidad los derechos de aprovechamiento de aguas y la falta de ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Obras Públicas en la materialización de obras que aseguren el recurso hídrico claramente representan una falencia y un riesgo significativo.
No solo desde el punto de vista de la preservación ecosistémica sino que de la credibilidad que necesita nuestro país en el contexto internacional como próximo organizador de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se llevara a cabo en diciembre del presente año.
Finalmente las políticas públicas en materia medioambiental no solo deben quedar en simples slogans sino que deben ser efectivas para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, de la flora y fauna y de las futuras generaciones.
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