Recursos forestales y nueva Constitución
La comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente ha sido noticia en los últimos días por el elevado rechazo de las iniciativas que presentó ante el pleno. Dado el mal resultado obtenido, se esperaba una autocrítica de los convencionales y un cambio de estrategia en su segundo informe, sin embargo, el pasado lunes la comisión aprobó nuevas iniciativas que echan por tierra cualquier esperanza de racionalidad.
Si antes fue la minería el objetivo de la cruzada expropiatoria, ahora le correspondió a la actividad forestal. Un resumen muy breve de lo aprobado incluye la transferencia de la propiedad forestal hacia las primeras naciones, la cual deberá realizarse a título gratuito y sin derecho a compensación o indemnización, la nacionalización de las empresas forestales y la prohibición de los cultivos monoespecíficos o monocultivos. Entendemos que se refieren a los monocultivos forestales y no a los agrícolas o pecuarios, pese a que estos últimos son los responsables de la mayoría del bosque eliminado a lo largo de nuestra historia.
En la práctica este conjunto de iniciativas busca desmantelar la actividad forestal tal como existe en la actualidad y aunque es altamente probable que no sean aprobadas por el pleno, hay que prestarles atención, dado que reflejan una mirada completamente distorsionada de lo que debemos entender como "una agenda de valoración y protección ambiental". Esto es preocupante, ya que pueda llevar paradójicamente a contar con una eventual Constitución anti-ecológica, una Constitución que reniega del concepto de sostenibilidad y que confía ciegamente en una estrategia de suma cero en que la conservación se logra desmantelando el sistema productivo basado en recursos naturales. A través de prohibiciones y de un Estado omnipotente confían en construir un nuevo modelo de desarrollo, de buen vivir, una eco-sociedad o como sea que le llamen a su visión anti desarrollista.
La concepción de los convencionales sería anti-ecológica o contraria a una genuina preocupación ambiental ya que una economía verde, o carbono neutral, debe sostenerse necesariamente en el incremento del uso de los recursos naturales renovables, tanto para reemplazar la generación de energía a partir de combustibles fósiles, como para reemplazar los materiales de uso diario y en cuya elaboración está involucrado el petróleo o sus derivados. Esta estrategia, llamada bioeconomía forestal, depende en gran parte del aumento del uso de la madera.
Por lo anterior, una estrategia verdaderamente ambiental pasa por instalar los recursos naturales renovables como eje de una nueva economía, sin demonizar su gestión y aprovechamiento a escala industrial, bajo un entorno favorable a la inversión, respetando el derecho de propiedad y emprendimiento. De hecho, nuestros compromisos internacionales de reducción de emisiones en materia forestal contemplan 400 mil hectáreas gestionadas al 2030; las que se desglosan en 200 mil plantadas y otras 200 mil manejadas. Esto supone una tasa de casi 45 mil hectáreas anuales para el período 2022-2030. En la actualidad entre plantación y manejo no superamos las cinco mil hectáreas anuales.
La eventual aprobación e implementación de las medidas aprobadas en la comisión de Medio Ambiente, no nos engañemos, le ponen una lápida a cualquier posibilidad de cumplimiento de nuestros compromisos, sin mencionar los impactos ambientales de una gestión deficiente de la propiedad forestal, los impactos económicos en empleo, el incremento de precios de bienes esenciales derivados de la producción maderera, entre otros. El voluntarismo y la ignorancia conforman una mala mezcla.
Por otra parte, homologar las ambiciones de los convencionales en materia forestal, con lo que ya han aprobado en materia de actividad minera, es conceptualmente erróneo. La actividad forestal privada, a diferencia de la minería, no descansa sobre concesiones del Estado. Tampoco se trata de un recurso no renovable al que aplicarle royalties parece una medida económicamente justificada. Se trata de recursos renovables que, gestionados de manera sostenible, entregan beneficios indefinidos sin agotarse.
Lamentablemente estos atributos son ignorados o desestimados por los convencionales, pero también por el futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien desde su designación ha planteado en más de una ocasión su intención de aplicarle nuevos tributos a la actividad forestal para que, en sus propias palabras, "no se abuse del recurso". Esta afirmación refleja un diagnóstico del futuro ministro contrario a la realidad del sector. Si hablamos de bosque nativo, más que abuso hay abandono del recurso, ausencia de manejo y degradación por usos alternativos no sostenibles. En el caso de las plantaciones forestales, son un recurso que se planta, se cosecha y se vuelve a plantar en un ciclo silvícola indefinido que asegura la protección da través de una cubierta vegetal de más de dos millones de hectáreas de suelo.
Propuestas constitucionales o ministeriales que ven la actividad forestal como una amenaza a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad sólo perpetuarán el actual estancamiento de un sector clave para el cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de emisiones y para la reactivación del mundo rural post pandemia. Invito a los convencionales y al nuevo gobierno a mirar sin ideología a la actividad forestal y aprovechar las innegables bondades que posee para hacer de Chile un país más sostenible.
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