Silenciar la participación: la profundización de nuestras asimetrías
Cada cierto tiempo un grupo de poder embiste con la misma idea: la participación ciudadana en la evaluación ambiental se ha transformado en un obstáculo para la inversión. Esta vez, un informe elaborado por Sofofa vuelve a instalar esa narrativa al advertir sobre observaciones duplicadas, campañas coordinadas y el supuesto uso de herramientas automatizadas o, incluso, "bots" durante los procesos de participación ciudadana del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sus conclusiones proponen introducir nuevas barreras y controles para limitar estas prácticas.
El problema es que esa discusión parte de un diagnóstico incompleto. Porque antes de preguntarnos si una comunidad presentó muchas observaciones, habría que preguntarse quiénes tienen realmente la capacidad de influir en las decisiones ambientales del país.
Las grandes empresas no sólo tienen los recursos para corregir estudios, reformular proyectos y sostener largos procesos administrativos o judiciales, sino que además cuentan con equipos jurídicos especializados, consultoras ambientales, agencias de asuntos públicos, estudios de abogados, expertos técnicos, lobistas, think tanks y asociaciones gremiales que representan permanentemente sus intereses frente a las autoridades. Las comunidades que serán directamente impactadas, no.
Quienes viven junto a un proyecto suelen enfrentarse por primera vez a expedientes de miles de páginas, con plazos acotados y un lenguaje extremadamente técnico. En muchos casos, las organizaciones ambientales y/o comunitarias son el único apoyo disponible para comprender los impactos que podrían afectar su salud, el agua, los ecosistemas o sus medios de vida. Entendiendo estas realidades, hablar de "coordinación" entre organizaciones -como si aquello fuese una anomalía o comparable a la coordinación entre empresas y sus poderes- es desconocer esa realidad: colaborar para traducir información compleja y ejercer un derecho no constituye un abuso, sino una condición mínima para que exista una participación efectiva y las voces de los principales afectados por proyectos sean realmente escuchadas.
Resulta paradójico que se cuestione que cientos de personas puedan compartir preocupaciones similares. Si un proyecto amenaza un mismo río, un humedal o la calidad del aire de una localidad, ¿por qué sería extraño que distintas personas expresen inquietudes parecidas? Las observaciones ciudadanas no son un concurso de creatividad donde se premie la originalidad, ni un estudio científico, sino el único mecanismo para que quienes puedan verse afectados hagan valer su derecho a ser escuchados y atendidos.
Reducir el debate al número de observaciones o a la existencia de textos similares termina invisibilizando lo esencial: el valor de una observación no depende de cuán distinta sea de las demás, sino que constituye uno de los pocos derechos con que cuentan quienes no son consultados sobre si quieren un megaproyecto a sus espaldas.
Más preocupante aún es que este tipo de diagnósticos aparezcan mientras el Congreso discute modificaciones relevantes al SEIA y a la institucionalidad ambiental. Cuando se instala la noción de que la participación constituye un problema que debe ser contenido, se abre la puerta a justificar reformas que -bajo el argumento de hacer más eficientes los procesos- podrían debilitar uno de los pocos espacios institucionales donde las comunidades pueden incidir en decisiones que afectan directamente sus territorios.
La discusión tampoco puede ignorar que Chile es parte del Acuerdo de Escazú. El tratado no busca reducir la participación, sino fortalecerla: garantizar que sea informada, oportuna, inclusiva y efectiva, por lo que, si existen desafíos operativos para gestionar miles de observaciones, la respuesta debería ser dotar al Estado de mejores capacidades técnicas y más recursos, no restringir los derechos de las personas.
Es clave recordar que la participación ciudadana no es un trámite administrativo ni un obstáculo para el desarrollo; por el contrario, es un derecho básico y una herramienta de prevención de conflictos y fortalecimiento de la democracia ambiental, que, bien aplicada, incluso es capaz de mejorar los proyectos. Numerosos conflictos socioambientales en Chile demuestran que cuando las comunidades son escuchadas desde el inicio, las posibilidades de construir soluciones legítimas aumentan, mientras que cuando son excluidas, los conflictos simplemente se trasladan a otras instancias, con mayores costos para todos.
En un país donde las empresas cuentan con múltiples canales para defender sus intereses, debilitar la participación ciudadana no genera equilibrio. Genera más desigualdad.
La verdadera discusión no debería ser cómo hacer más difícil que las comunidades participen, sino buscar la forma para garantizar que puedan hacerlo en condiciones de mayor igualdad frente a quienes disponen de mucho más poder económico, político y técnico. Porque cuando se limita la voz de las comunidades, no solo pierde la ciudadanía. También pierde la democracia ambiental que Chile dice querer construir y de la cual deberíamos estar orgullosos.