¿Un modelo de desarrollo de origen constitucional?
En medio de la actual discusión constitucional conviene reflexionar sobre lo que entendemos por "modelo de desarrollo" y cómo algunos miembros de la convención buscan definir a través de normas un nuevo modelo de desarrollo para Chile. De hecho, una iniciativa popular, que afortunadamente no alcanzó las 15.000 firmas, se denominaba "Superación del modelo forestal. Protección de la biodiversidad, gobernanza y sustitución del extractivismo por una economía para el buen vivir".
Discutir sobre modelos de desarrollo en la Convención Constituyente supone asumir que estos modelos pueden imponerse a través de normas constitucionales. Quienes así lo sostienen ponen como ejemplo la Constitución de 1980 en la que, pese a no estar consagrado explícitamente, el concepto de subsidiariedad fue tácitamente incluido en el inciso tercero del artículo primero: "El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos".
A partir de esta declaración, señalan, se consagró el abandono del Estado de la provisión de una serie de bienes y servicios tradicionalmente abordados como bienes de provisión pública, aplicando una interpretación negativa de la subsidiariedad y entregando la provisión de dichos bienes y servicios al mercado, lo que a la larga terminó instalando un modelo de desarrollo neoliberal.
Que los modelos de desarrollo de los países pueden definirse de manera unilateral es una realidad histórica, especialmente en sistemas políticos de corte autoritario como Cuba, Corea del Norte, China, o como el ya mencionado modelo neoliberal en nuestro país durante las décadas del '70 y '80. En el caso chino, el intento de Mao Tse Tung para modificar la tradicional economía agraria china e imponer un modelo de desarrollo industrial, denominado el "gran salto adelante", terminó en un rotundo fracaso y la muerte de millones de pobladores rurales. Sin embargo, en un sistema democrático los modelos de desarrollo no pueden imponerse de esta manera, aunque el mecanismo sea a través de principios o normas constitucionales elaboradas por representantes electos.
Es más realista suponer que los modelos de desarrollo de los países se van configurando de manera gradual, con más o menos injerencia del Estado, dependiendo del sistema político, del grado de desarrollo de los países, de la libertad económica, del nivel de educación de su población y las riquezas de su territorio, así como de sus ventajas comparativas en diversos ámbitos.
Suponer que un modelo de desarrollo se asemeja a construir una casa desde cero, abstrayéndose de la historia de cada país, de sus capacidades, de sus ventajas y desventajas comparativa es, por decir lo menos, ingenuo. Esa ingenuidad es la que precisamente se observa en la iniciativa popular que buscaba "superar" el actual modelo forestal basado en plantaciones forestales de especies introducidas. Modelo extractivista, según muchos constituyentes, que estaría agotado o en crisis, sin especificar los fundamentos de tal juicio.
El uruguayo Eduardo Gudynas, es quien más análisis ha dedicado al concepto del extractivismo, definiéndolo como un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados. Gudynas, en base a esta definición, tilda a la actividad forestal chilena como extractivista, aunque es debatible que nuestra actividad forestal reúna los criterios para definirla de esa forma.
Lo preocupante de este debate, sin embargo, es caer en una simplificación y omitir los impactos negativos que esfuerzos por "torcerle la nariz" a las estrategias de desarrollo podrían tener a futuro. Específicamente respecto del sector forestal se intenta imponer visiones unilaterales de cómo desarrollar esta actividad, declarando la necesidad de implementar de manera exclusiva modelos de aprovechamiento a menor escala, predefiniendo qué especies plantar, apuntando a la resiliencia del territorio y abstrayéndose de la viabilidad económica de sus propuestas, de la opinión de los propietarios o de los impactos ambientales colaterales que estos diseños pueden implicar.
Todo lo anterior resulta contradictorio. Por una parte, se critica el actual modelo de desarrollo neoliberal por su imposición autoritaria sin deliberación democrática, y por otra parte se busca imponer un nuevo modelo por decreto, a través de normas constitucionales que reconfigurarían, a partir de la opinión de algunos iluminados, mayoritariamente científicos y activistas, la forma en que el país crece y se desarrolla, simplificando las causas que explican el desarrollo o subdesarrollo de los países.
El sector forestal, así como otros sectores basados en recursos naturales, no son hojas en blanco disponibles para que se dibujen en ellos sueños utópicos, con mucho voluntarismo, exceso de ideología y poca reflexión, desestimando la opinión de los actores vinculados a dichos sectores, partiendo por quienes trabajan en ellos.
Esto en ningún caso significa renunciar a establecer una visión de futuro de hacia dónde queremos avanzar como país, pero esa visión debe ser deliberativa y no impuesta de forma unilateral, aunque esa forma sea constitucionalmente. Primero porque es ilusorio sostener que los modelos de desarrollo se generan por decretos o normas, y segundo, porque lo correcto es definir constitucionalmente principios generales de convivencia y que sean los distintos actores quienes busquen, respetando esos principios y las leyes que de ellos derivan, los caminos para desarrollarse tanto individual como colectivamente.
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