Una nueva autopista en Santiago

En el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) vigente a partir del año 1960 y en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que reemplazó al anterior en el año 1994, instrumento normativo vigente hasta ahora, se proyectaron dos vialidades expresas en ambos costados del río Mapocho las que discurrirían en 40 km de extensión entre el sector alto de la comuna de Las Condes, actualmente comuna de Lo Barnechea, y la comuna de Pudahuel.

Con la implementación de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, DFL MOP Nº 164 de 1991, en los inicios del actual régimen democrático, y tan pronto se publicó 5 años después en el Diario Oficial el Decreto Nº 900 de ese mismo ministerio, las autoridades de entonces llamaron a una licitación pública para concesionar esa vía sobre el borde norte del río y el ganador del atractivo negocio fue una empresa italiana : así se construyó la autopista conocida como Costanera Norte.

Enseguida se le asignó al ministerio de Vivienda y Urbanismo, un presupuesto de 54 millones de dólares, los que no consideraban ciertos cambios de servicios ni expropiaciones, para que este ministerio a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ejecutara en el borde sur del río una avenida no tarificada que se llamaría Costanera Sur.

Esta nueva vía contemplaría conexiones con la ya construida autopista Costanera Norte, pero por diferentes motivos y no bajo la tutela del Minvu, sino del MOP, este proyecto se ha materializado solo en algunos cortos tramos, uno de los cuales fue la polémica ruta de 2 km exigida como medida de mitigación a un proyecto inmobiliario privado que se está construyendo en el área verde ex Estadio Santa Rosa de Las Condes, que le pertenecía a la Fundación del Club Deportivo de la Universidad Católica, predio localizado exactamente al costado de la Embajada de EEUU en esa comuna.

Ahora bien, hemos tomado conocimiento por casualidad de la existencia del recién firmado (13/12/13) “Protocolo de Acuerdo del Proyecto Vial Costanera Sur”, documento muy poco conocido, suscrito por Loreto Silva, ministra del MOP, su promotora, con sus colegas de Transportes y Telecomunicaciones y de Vivienda y Urbanismo, más los alcaldes de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.

Como vemos, se está reviviendo esta antigua idea y para ello esas autoridades ya han convocado a tres expertos de la plaza, dos arquitectos y un ingeniero, quienes están elaborando un Plan Maestro con el propósito de buscar soluciones de conectividad peatonal, ciclovías, infraestructura pública y equipamiento urbano y según tal Protocolo esta nueva vialidad, al contrario de la autopista Costanera Norte, dispondrá al mismo tiempo de valiosos elementos de transporte, urbanismo y paisajismo.

Sus impulsores, conocedores de las crecientes congestiones vehiculares producidas por la alta importación de automóviles y similares, decidieron iniciar los estudios de prefactibilidad, sin saber todavía, según se expresa en ese documento oficial semi secreto, si esta solución vial será licitada para que la explote un concesionario o si será ejecutada con fondos públicos, como tampoco saben si será en superficie, en trinchera abierta o cubierta e incluso dentro de la caja del río.

Pero como este proyecto es un buen nicho de negocios para los inversionistas que pululan en búsqueda de buenas oportunidades, lo más seguro es que se concesionará, esperando ahora que los términos de la misma sean relativamente equilibrados.

Habrá una mesa de trabajo a la cual se invitará, según dice el Protocolo, sólo a los expertos que estén apoyando el proyecto (sic), lo cual impedirá la confrontación respetuosa de opiniones entre iguales y por ello a través de esta tribuna le decimos a Loreto Silva, Rodrigo Pérez y Pedro Pablo Errázuriz, los tres ministros salientes, que desde ya hagan valer las disposiciones de la Ley Nº 20.500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual es coherente con los lineamientos generales de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) recién firmada por el presidente Piñera.

Si se desea avanzar con legitimidad en este proyecto vial, el que ya tiene muchos detractores, se deben democratizar a partir de ahora sus estudios porque sus impactos deben ser evaluados desde un principio, más aún si el uso de los vehículos privados está cuestionado por razones de fondo por las mismas autoridades de turno y porque hay un proyecto de tranvías públicos por el mismo sector que propone Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes.

A través de esta columna invitamos a los mencionados ministros para que realicen, inmediatamente después de las fiestas del Año Nuevo, un necesario ejercicio de transparencia invitando a las Juntas de Vecinos de todas las comunas en donde se tiene previsto la ejecución de la obra vial, para que ésta se conozca integralmente y si ello no ocurre, estamos seguros que los tres próximos ministros sectoriales que asumirán sus cargos el 11 de marzo de 2014, sí lo harán para honrar el programa de Gobierno de Michelle Bachelet.

Lo importante es democratizar las decisiones que se adoptan en el ámbito del desarrollo de las ciudades, lo que hasta ahora no sucede y por ello nos debemos esforzar para que se produzca este cambio conductual ya que así, entre otras cosas, en las próximas elecciones populares no tengamos tan alto nivel de abstención.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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