Unidad por la justicia climática
Durante la semana pasada, observamos la realización de la Cumbre del Clima organizada por Naciones Unidas en Nueva York. Casi 70 países se comprometieron a revisar sus planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con las metas del acuerdo de París y las expectativas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) sobre la velocidad del aumento de la temperatura global.
En ese marco, la presentación previa a la Cumbre del documento “United for Climate Justice” - preparado por la Foundation for European Progressive Studies, con el apoyo de diversos centros de pensamiento progresistas y la Unión Internacional de Juventudes Socialistas - es interesante al encontrar soluciones colectivas a problemas comunes para adaptar a nuestras realidades.
Poner en el centro la justicia climática representa la importancia de un camino que vincule la lucha por un futuro próspero y seguro para todos/as, con una lucha contra las desigualdades y la exclusión.
Las desigualdades sociales y económicas han ido al alza, y esto se ve exacerbado por el calentamiento global. Por ello, debemos garantizar la voluntad de actores políticos para una transición sostenible guiada por el principio de equidad con justicia social, y de esa manera, comprometernos para salvaguardar nuestro planeta y sus medios de vida. Queremos recoger tres planteamientos que nos parecen relevantes para Chile en ese sentido.
Primero, avanzar hacia un nuevo contrato social ecológico para una transición justa. Que nuestro gobierno convoque a trabajadores, empresas, comunidades y los distintos sectores de la sociedad, para un pacto nacional que asegure una equitativa redistribución de la riqueza en el proceso de preparación para alcanzar las metas de contribuciones determinadas de emisiones de carbono (NDC) con la eliminación gradual del uso de combustibles fósiles y la transformación hacia una sociedad descarbonizada.
En eso cabe una estrategia de desarrollo nacional verde, el cambio en las tecnologías en las industrias, la disminución radical del uso de plásticos, nuevas fuentes de financiamiento para la inversión climática, pero, especialmente, el cierre de las termoeléctricas a carbón al 2030.
Luego, podemos progresar en generar un marco internacional y nacional para la sostenibilidad y los derechos ambientales.
Como parte de reforzamiento hacia un enfoque basado en los derechos para tomar acciones, desde el Estado se debe establecer un marco que incluya el reconocimiento para defensores del medio ambiente, personas desplazadas por el clima, el derecho a un medio ambiente sano y derechos procesales para ello.
Desde el punto de vista internacional, esto se encuentra en el acuerdo de Escazú, que requiere de la firma y ratificación de Chile; y desde un punto de vista nacional, en un proyecto anunciado pero aún no presentado: la ley marco de cambio climático.
Finamente, estimular a empresas y al Estado a realizar inversiones verdes. Como parte del cambio, hay que introducir un enfoque centrado en la inversión climática, donde el Gobierno, en todos los niveles (nacional, regional y municipal), deba tomar una serie de medidas, incluida la garantía de justicia fiscal, aumentar las tasas de impuestos verdes, generar normas de compras públicas socialmente amigables, establecer en empresas estatales como Codelco, Enap y Enami estándares medioambientales más altos, impulsar la electromovilidad en transporte público y privado, introducir una tasa en combustibles de líneas aéreas, que las grandes empresas hagan divulgación de sus emisiones de carbono, y facilitar el apoyo directo para micro, pequeñas y medianas empresas para hacer iniciativas verdes a través de Corfo y BancoEstado.
Nuestro mensaje desde el progresismo es especialmente significativo debido al impulso creado por organizaciones juveniles, que han salido a las calles de todo el mundo para exigir acciones concretas frente al cambio climático. Tenemos que hacer un llamado para repensar en cómo abordamos el desafío de la emergencia climática desde nuestra posición política, teniendo en cuenta que el cuidado del medio ambiente y la protección social es tan compatible como necesario.
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