Hace ya algunos días, diversos medios reportaban que el Presidente Boric tuvo un nuevo altercado con ciertos periodistas. Debido a fotografías tomadas a él en su despacho -que permanecía con ventanas abiertas hacia el Patio de los Naranjos-, habría bajado ofuscado a enfrentar a uno de los camarógrafos argumentando que estaban invadiendo uno de sus espacios privados. Testigos señalan que la situación fue incómoda y desconcertante. La Moneda, por su parte, declaró que hubo simplemente un intercambio de opiniones sellado con un apretón de manos. El Colegio de Periodistas se pronunció reprochando el hecho.
Pocas semanas antes, un general de carabineros -Alex Chavan- solicitó en un punto de prensa que una de las periodistas presentes, Paulina de Allende-Salazar, abandonara el lugar. Mientras eso no sucediera, argumentaba el uniformado, no habría declaración. El momento era particularmente sensible. Lo que se cubría era el reciente asesinato de un mártir de Carabineros, que sólo momentos antes había sido tildado de "paco" por parte de la reconocida periodista. La declaración se ejecutó (con todos los medios presentes). La involucrada fue despedida. El Colegio de Periodistas se pronunció reprochando el hecho. Muchos de sus compañeros de profesión y oficio salieron a respaldar a la reportera quien, días después, se pronunció en prensa dando su versión y tildando de apresurado e irreflexivo su despido.
Días convulsionados para el periodismo, que nos llevan a reflexionar una vez más sobre el alcance y los desafíos de la libertad de prensa.
Este último punto no es menor. Menos si pensamos que, en la actualidad, nos encontramos revisando y diseñando nuestro orden constitucional, que suele regular una serie de aspectos que se relacionan con el ejercicio del periodismo. Y es que la labor en cuestión es particularmente importante para cualquier sistema democrático. Bien lo sabe el mismo Presidente de la República quien, como candidato, declaraba su especial cariño por esa "prensa que incomoda al poder".
El problema, sin embargo, es que como se ha sugerido en reiteradas ocasiones, el resguardo y la regulación de la labor periodística es un asunto complejo y de múltiples dimensiones. En concreto, por más esencial que sea "incomodar al poder", no se puede pensar la libertad de prensa como un todo exclusivo y absoluto. Ciertamente se relaciona con una serie de aspectos inherentes al derecho de la información -como la libertad de expresión, el derecho a la rectificación y enmienda, la pluralidad informativa, el derecho a abrir y cerrar medios de comunicación, el derecho a recibir información veraz y oportuna, el derecho al olvido, entre otros- y, también, a una serie de garantías igual de relevantes para la vida democrática -como el derecho a la privacidad, el respeto por la indemnidad física y sexual, el derecho a la honra, libertad de conciencia y religión, entre otros-.
Teniendo esto claro, el ideal es consagrar y resguardar todos estos aspectos en armonía, comprendiendo que el propósito es alcanzar un sistema integral que nos asegure el ejercicio de cada una de las garantías.
Entonces, más allá del derecho de un canal de televisión privado a despedir a uno de sus trabajadores por contravenir su línea editorial (que, por cierto, lo tiene) y del necesario respeto de la intimidad de un Presidente (que, por cierto, la tiene), los hechos recién vividos y descritos abren discusiones necesarias y relevantes en este momento constitucional. ¿Cómo asegurar la pluralidad informativa? ¿Cómo ejercer el periodismo en respeto a las diversas garantías que coexisten? ¿Cuál es el rol de los distintos tipos de medios de comunicación?
Por más turbulentas y convulsionadas que sean las discusiones que se abren, lo cierto es que son esenciales para pensar en un buen ordenamiento que nos permita garantizar un ejercicio del periodismo que sea tan pleno como responsable.
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