El ascenso de las nuevas fuerzas sociales ha ido marcando un hito en la movilización del poder sobre aquellos actores de escasa representación en nuestra democracia. Y lo hacen concomitante con la pérdida de legitimidad de una derecha militante envuelta en corrupción política, económica y medio ambiental. Son las minorías, la nueva energía que instala y exige sus derechos colectivos.
Discursos no oficiales, que se difunden desde los medios periodísticos independientes, desafían la veracidad de esas fuerzas invisibles, a la que nos tienen acostumbrados los coludidos medios tradicionales con una única parrilla informativa o noticiosa.
Sin embargo, contrapunto creciente de reclamos, marchas o de protestas ante la gobernanza, hace que el ecosistema de medios de comunicación ya no brinde la protección a los grupos dominantes, no porque los hayan abandonados a su suerte, sino porque han ido perdiendo forzosamente el poder, fundado en discursos in-creíbles o violentos, que despiertan la aparición espontánea de un descontento ciudadano, que el oficialismo tilda de minoría.
Negros, pueblos originarios, independientes, migrantes, minorías sexuales o pobladores se han convertido en una fuerza primigenia que lucha por su presencia y reconocimiento ¿Acaso minoría es solo una cuestión de aritmética? No existe una definición absoluta dada su diversidad, su distribución territorial o del sentimiento que implica ser minoría, con escasa representación en los medios de comunicación.
Francesco Capotorti (1977) nos señala que minoría implica ser parte de un grupo minoritario, en relación al grupo dominante dentro de una nación y que comparten etnia, idioma o religión, diferente al resto de la población, en algunos casos propensa a ser vulnerables. Esta definición queda corta si consideramos a la población negra (90%) durante el apartheid sudafricano o de la dominación española sobre la población indígena en Latinoamérica.
Estudios como los de José Bengoa señalan lo estratégico que es la integración de las minorías en la política y en las transformaciones sociales, dado que es una expresión sociocultural con un ciclo de vida propio. Lo paradójico es que la irrupción de las minorías es una respuesta a los procesos de globalización cultural y económica.
Es así como la irrupción tímida, pero creciente, de la "televisión social" es producto de las tensiones y exigencias que los internautas y públicos realizan por marcar presencia. Investigaciones en estudios de representación de minorías (2020) lo atribuyen al resultado de una adaptación de los medios a las nuevas prácticas del mercado, que buscan asegurar la continuidad y viabilidad de los anunciadores y avisaje. Sin embargo, esta apertura interesada no es garantía de libertad de expresión o derecho a la información.
De hecho en Chile, según Anguita y Labrador (2019) existe una pobre y precaria regulación informativa y una excesiva libre competencia en la televisión y radiodifusión (a través de la concesión de frecuencias), pero que no son garantía de pluralidad o diversidad. Michelle Bachelet hizo una propuesta el 2013 en su programa de gobierno, reflotado por Daniel Jadue en su calidad de candidato a la presidencia, con el objeto de garantizar frecuencias, distribución de avisaje y representación.
De lo anterior surge una pregunta legítima, cómo se resguardan los intereses informativos de las nuevas audiencias, usuarios de radio y televisión por internet (medios que no pagan por la frecuencia radioeléctrica) y que a la vez no sean una réplica de los sistemas clásicos de los medios de comunicación más analógicos.
Entonces, la frontera ambigua como es la pérdida y la ganancia de poder, impide que el sistema político (partidos), sea capaz de responder a esta nueva organización ciudadana. El miedo que genera la violencia de Estado ya no es una argumento que pueda persuadir a la ciudadanía, más en su construcción ilegítima y de falta de credibilidad.
El sistema político criollo no ha sabido leer a las minorías y de cómo estas se instalan con sus propuestas, ya no es una cuestión de mayoría numérica, sino de la apertura a los derechos ciudadanos, donde los modelos tradicionales no son capaces de poner calma.
La mejor expresión de este cambio de paradigma es la Asamblea Constituyente, diversa, espontánea y democrática. Ley de cuotas en el parlamento o la igualdad de géneros, son muestras de una discriminación positiva en la adquisición de derechos individuales y sociales, que la ciudadanía exige como un derecho a la carta o de una justicia personalizada.
La nueva Constitución, ciertamente, debe propender a la cohesión ciudadana en un ecosistema multicultural. También las minorías deben luchar por evitar su extinción o de una atomización extrema, haciendo más complejo el arte de gobernar en democracia y respetar los derechos humanos.
De aquí el rol balsámico de los medios, que deben fomentar su rol social para dar cabida a los sectores que no tienen representación, no solo para consumir los anuncios, mirar o escuchar su programación, también para ser vistos y escuchados.
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