La mayoría de los candidatos a una función pública importante y en especial, los de izquierda y de la centro izquierda, parecen desconocer el peso de la prensa y los medios en la contienda política. Porque si los valoraran como el fuerte poder que son - actuando sin descanso como antagonista, según hemos visto durante años y con especial furor en los últimos -, serían punto importante en su estrategia de triunfo. Y sin embargo, en sus ofertas programáticas no se ven proposiciones de cambio en materia de comunicaciones, información y periodismo. Salvo en dos casos que veremos aquí.
Las comunicaciones mediales como la prensa, la radio, la televisión y ahora la Gran Red, mueven opinión pública y aunque no siempre les resulta, pueden convencerla de sus falsedades o de sus verdades a medias. Trump, el candidato homofóbico, racista y adalid anti desarrollo sustentable, venció pese a la fuerte oposición que le hicieron las grandes cadenas estadounidenses.
Una sorpresa, aunque haya ganado con el aporte de las masas ciudadanas que rara vez compran un periódico o dedican tiempo a los noticieros televisivos. Pero el contra-ataque de Trump y su triunfo dejan una seña, los medios poderosos no lo son tanto.
En nuestro país, aunque todos sabemos que periódicos, canales de televisión y otros medios nos cuentan la realidad de acuerdo exclusivamente a sus preferencias políticas y callan otras visiones, éstos, los afectados del mundo progresista que busca eliminar la desigualdad social y un crecimiento sustentable, no hacen nada.
Por eso me gustó conocer en la fallida candidatura de Alberto Mayol una propuesta en materia de comunicaciones (punto 18, página 38). Era breve, apenas un párrafo y sus enunciados eran simples, sin explicar cómo se haría para conseguir semejante hazaña (rasgo común en los candidatos del Frente Amplio).
Comenzaba por proponer el fortalecimiento de los medios regionales y locales, naturalmente sin fines de lucro, con apoyo del Estado. Y luego entraba al área chica, “prohibir el uso de medios de comunicación como brazo político o comunicacional de los grupos económicos” y “prohibir la propiedad de medios en inversionistas con negocios en el sector financiero”. Tocó directamente al corazón del sistema mediático chileno e internacional.
El otro candidato con propuesta en el tema Comunicaciones, y una más completa, es Alejandro Guillier. Ocupa más de una página en sus Bases Programáticas (página 10, número 7) y aunque también resumida, es muy sustanciosa.
Para empezar, habla del Derecho a la Comunicación, que es un paso avanzado en este derecho humano fundamental y que, abarcando los derechos de información y de opinión, añade el de toda persona a crear, conducir y mantener sus propios medios para emitir sus mensajes (algo así como hoy sucede sólo en el ciberespacio) y capacitar audiencias críticas a los contenidos que le entregan los medios tradicionales.
Guillier comienza por decir que lo primero que hay que hacer en el sistema de comunicaciones chileno es “modificar el peso de los actores”. Otro punto neurálgico. Equiparar la balanza de modo que no sólo los poderosos puedan crear y sustentar medios para transmitir su mensaje como única verdad. Y para eso, respetando el derecho de todos, propone tres áreas para los medios: pública, privada y comunitaria (esta última refiere a los grupos sin fines de lucro unidos por un propósito común).
Y para seguir nivelando, ofrece transformar el Consejo Nacional de Televisión , el ente que fiscaliza, regula y promueve la televisión chilena, en uno más pluralista que el de hoy (abarcando lo regional, lo cultural) y que además de promover buenos programas a través de fondos concursables, sea el y no la Subsecretaría de Telecomunicaciones - organismo principalmente técnico - el que asigne las frecuencias de radio y televisión. También promete un reparto más equitativo de la publicidad del Estado en los medios, para contribuir al sostenimiento de aquellos que más lo necesitan aunque no tengan una gran sintonía o circulación.
Propicia el fortalecimiento de una Televisión Nacional pública, con financiamiento estatal permanente, además de nuevos canales municipales y universitarios. Y más apoyo a las radios comunitarias, protegiéndolas de carencias y atropellos.
En fin, propone diseñar un nueva institucionalidad para las Comunicaciones en el país de modo que cuando se hable de “política de comunicaciones” no se piense en la inevitable propaganda del gobierno en ejercicio, sino en un sistema de medios - periódicos, radio, televisión, cibernéticos - que distribuya mejor el poder de emisión de mensajes, pasando del vertical arriba-debajo de ahora, a uno más horizontal, o 2.0 como decimos hoy.
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