La paz: factor esencial para el cambio social

El 4 de julio recién pasado se instaló la Convención Constitucional, integrada por 155 personas electas en paridad de género, voto universal y con escaños reservados para los pueblos indígenas. Fue elegida presidenta Elisa Loncon, representante mapuche con relevante trayectoria académica y profesional.

Esa decisión de los convencionales simboliza un reconocimiento, ampliamente mayoritario, a las luchas centenarias de su pueblo, el rechazo a las diversas formas de opresión del Estado de Chile hacia las comunidades mapuche y las etnias originarias perseguidas y masacradas para ser despojadas de sus tierras y territorio, así como señalar la necesidad de expresar esa historia y diversidad en la redacción de la nueva Constitución Política del Estado.

Son más de 500 años desde la colonización de España, la que recurrió a brutales crímenes para establecer su dominación, llegando al genocidio en diferentes lugares, con el objetivo de arrebatar a sus habitantes las abundantes riquezas del territorio hasta entonces por ellos habitado, cultivado, explotado y amado en su cultura ancestral.

La Convención Constitucional tiene un año de mandato para redactar y proponer a Chile la Constitución que emane de sus sesiones, se trata de un tiempo brevísimo, cualquiera que compare la historia y sus largos períodos de evolución y cambio, etapas taciturnas y momentos turbulentos, llegará a la conclusión que el plazo para la redacción del nuevo texto constitucional es fugaz, casi un instante que se consumirá con vertiginosa rapidez.

En consecuencia, el camino a seguir exige la voluntad de concentrarse en él para alcanzar el objetivo. Allí en esas sesiones, con la presencia activa de sus elegidos, el pueblo mapuche tiene una alternativa para corregir la ruta seguida por Chile hasta hoy, existe una vía hacia una rectificación histórica y lograr un Estado plurinacional que instale la sustentabilidad con la tierra y el territorio frenando la depredación de los suelos, bosques y cursos de agua por la extensión ilimitada de explotaciones forestales que atentan contra la humanidad y su entorno.

Pero surgen voces que atacan la Convención Constitucional por "ser parte del Estado opresor", desconociendo que surgió de la multitudinaria movilización del 18 de octubre y semanas posteriores, también que pese al desgaste del sistema político hubo un plebiscito de alta participación, en que 80% de los y las votantes eligieron constituyentes con el mandato de redactar una nueva Constitución que termine el carácter neoliberal del Estado subsidiario, contenido en la actual norma institucional.

Hay que rechazar la violencia represiva del Estado, pero no hay razones que justifiquen la estrategia de la "confrontación directa"como la vía para el cambio. Por el contrario, fuerzas ultraconservadoras manipulan el clima político del país utilizando en su favor acciones de propaganda armada en contra de propiedades y maquinarias que han herido gravemente a policías o trabajadores, una parte de ellos del pueblo mapuche.

La violencia del Estado de un lado y de organizaciones extra sistémicas por el otro van a instalar un enfrentamiento sin solución y las fuerzas que serán preponderantes en el caso de una evolución hacia la confrontación armada lo que menos harán será reconocer y materializar la demanda histórica del pueblo mapuche, sus necesidades serán las de financiar y solucionar los requerimientos materiales y financieros del "enfrentamiento" que consumen lo que les sale al paso.

El conflicto desplegado a través del ejercicio de la violencia política conlleva una espiral de acciones que se sabe donde comienza y no donde terminan, las que desbaratarán inevitablemente el apoyo social a las demandas tantas décadas ignoradas y que hoy cuentan con respaldo social mayoritario.

Una confrontación violenta conlleva cruentas acciones de destrucción del oponente, esa dinámica expulsa velozmente a los pueblos y sus legítimas reivindicaciones de la escena y coloca en el centro de las decisiones a quienes tienen, precisamente, el control y disponen del uso de la fuerza.

Además, en la realidad chilena y de America Latina estos supuestos enfrentamientos de real tienen poco y si mucho de ficticio, como el imaginario "Plan Zeta" de la dictadura, incluso en los años 70 -ante el fortalecimiento del movimiento popular y la extensión de organizaciones civiles armadas en Argentina- la ultraderecha desató la "guerra sucia", una escalada de violencia política desde el Estado, cruenta y terrible, no hubo liberación nacional sino hechos aberrantes, que arrasaron con las libertades y los derechos democráticos.

Cuando se impone el crudo e implacable uso de la fuerza sale victoriosa la militarización de los territorios y se derrumba la capacidad de influir y dirigir los procesos por parte de las fuerzas sociales involucradas y de la sociedad civil. Los reducidos y ocultos centros direccionales de la confrontación son los que toman la sartén por el mango. Por eso, los grupos ultraderechistas, muchos de ellos agrupados en sectas paramilitares de antiguos pinochetistas, son los que más incitan la militarización en el Wallmapu.

El interés de los pueblos y naciones logra prevalecer y se realiza a través del ejercicio democrático que establecen las mayorías sociales que expresan la voluntad nacional. El proceso de cambio y desplazamiento del Estado subsidiario, centralizado y excluyente a un Estado social y democrático de Derechos, plurinacional y regionalizado requieren la paz y estabilidad necesarias para hacerlo posible. Es la misión de la Convención Constitucional. Así de esencial resulta ser el desafío nacional del presente.

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