¡La historia no se detiene!

Las potentes manifestaciones populares del 18 de octubre de 2019 y las multitudinarias movilizaciones sociales de las semanas posteriores cambiaron repentina y profundamente la situación nacional.

En cosa de horas quedó sepultado el tono autocomplaciente del gobernante que nos definía como un "oasis" de estabilidad y progreso y Chile debió enfrentar la dura realidad, misma que venía eludiendo desde un tiempo indeterminado: la desigualdad económica y social existente había generado una fractura social y una cadena de abusos de poder que terminaron deslegitimando el sistema político y los pilares de la convivencia democrática.

El Gobierno perdió el control y el gabinete se derrumbó, vino la defenestración de los intocables ministros del Interior, Hacienda y de la ministra vocera que debieron dejar sus cargos en un intento de recomposición de la autoridad gubernamental. Pero, el ajuste no funcionó. La declaración del Estado de Emergencia y la presencia de tropas en las calles tampoco.

Los uniformes de combate caldearon más el ambiente y la irresponsable declaración de "guerra" del gobernante agravaron el aislamiento político y social del bloque en el poder. La brutal respuesta represiva a través del desenfreno de las Fuerzas Especiales de Carabineros no hizo más que agregar un vergonzoso capítulo de violacion de los Derechos Humanos. Los perdigones de las escopetas policíacas se incrustaron en el alma de Chile.

Ante el agravamiento de la situación Piñera tuvo que ceder y la derecha a regañadientes debió aceptar un acuerdo político, firmado el 15 de noviembre, para materializar un proceso constituyente que ratificado por la ciudadanía en un plebiscito ha llegado a una etapa decisiva, la instalación de la Convención Constitucional, este 4 de julio, cuya tarea es la redacción de una nueva Constitución que pone término al imperio del legado institucional de la dictadura de Pinochet.

Este compromiso tuvo aspectos totalmente inéditos, que los y las constituyentes fueran electos directamente por la ciudadanía en elecciones libres, universales y de voto secreto, que se estableciera la paridad de género en la composición de la Convención Constitucional y que hubieran escaños reservados para los representantes de los pueblos indígenas.

Hubo sectores, como el PC, que no aquilataron en todo su significado el alcance del acuerdo del 15 de noviembre, incluso hubo quienes vieron "entreguismo" o una "claudicación" en los firmantes de ese pacto político constitucional, pero, el paso del tiempo se ha encargado de despejar las dudas, no había otro camino posible para que la multitudinaria movilización social se coronara con un gran y definitivo cambio constitucional que, efectivamente, condujera al reemplazo del tramado institucional dejado por la dictadura.

La idea que el gobierno se iba a caer generándose una "situación revolucionaria" era errónea, de insistirse en ese camino no iba a ocurrir más que el inevitable agotamiento de las movilizaciones sociales, otra vez se iba a repetir lo que tantas sucedió, creer que la lucha de millones de personas es un simple instrumento de los objetivos de "la vanguardia".

Por eso, la transformación del país por vía institucional fue acertada. El conjunto de los componentes acordados da carácter único al órgano que tiene la tarea de redactar la nueva Constitución y lo transforman en un cuerpo colegiado excepcional para cumplir la misión de dar a Chile nuevos pilares institucionales, una Carta Política del Estado, nacida en democracia.

Hay una gran lección histórica en todo esto, la derecha cuya dictadura derramó tanta sangre y que luego logró postergar este proceso durante 30 años, burlando la mayoritaria voluntad democrática de la nación chilena que se expresó en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, ante la incontenible movilización popular cedió con rapidez lo que parecía que nunca entregaría.

A la postre, los guardianes del estatus quo se vieron en la obligación de firmar un acuerdo de una Convención Constitucional con un proceso participativo, demostrando finalmente que "los procesos sociales no se detienen ni con el crimen ni con la fuerza", como señalara premonitoriamente el Presidente Allende, en su último mensaje a la nación, el 11 de septiembre de 1973, bajo el asedio de tanques, artillería y caza bombarderos, utilizados para concretar la conjura fascista por aquellos que usaron la fuerza como nunca antes en Chile para derrocar el gobierno legítimamente constituido.

¡Ganó el pueblo! aunque no sea habitual que así ocurra, por eso, es fundamental que la Convención Constitucional cumpla su labor y entregue la redacción de una Constitución para que sea plebiscitada dando cima a esta lucha histórica del pueblo de Chile, contar con una Carta Política del Estado, nacida en democracia.

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