30 años de la Ley Indígena: lucha y perseverancia

Domingo Namuncura

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Hace ya 30 años, un día 5 de octubre de 1993, el Congreso Nacional -recién en funciones luego de 17 años de dictadura- aprobó la Ley 19.253 que "Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)". Hoy es una ley vigente, de carácter histórico. Sus antecedentes se encuentran en al acuerdo político de diciembre de 1989, el Pacto de Nueva Imperial, mediante el cual los Pueblos Indígenas (PPII) de Chile y la entonces Concertación de Partidos por la Democracia suscribieron un compromiso fundamental: congelar las normas arbitrarias gestadas durante la dictadura y en particular el Decreto Ley 2.568 que facilitó de manera amplia el despojo de tierras mapuches, reconocer compromisos internacionales en favor de los derechos indígenas y ampararlos con una nueva legislación. Debemos valorar -porque corresponde hacerlo- el compromiso del Presidente Aylwin, en cuanto a impulsar con decisión este proyecto de ley.

Para tal efecto, en mayo de 1990 -a tres meses de iniciado el proceso de restablecimiento de la democracia- el Patricio Aylwin creó la Comisión Especial de PPII (CEPI), con un consejo constituido por representantes de todos los pueblos originarios y representantes del gobierno. Esta comisión fue la encargada de diseñar una amplia política pública de derechos indígenas y, en particular, gestionar con el Congreso la aprobación de la Ley indígena.

Han transcurrido 30 años de esta legislación. Hoy puede ser apreciada desde distintos ángulos. Para el mundo conservador, abierta o encubiertamente, es una ley criticada, por cuanto -en su concepto- ella estaría en la raíz de los conflictos territoriales que afectan sus intereses principalmente económicos. Para el mundo político progresista es -todavía- una ley incomprendida, considerando que diversas normas ahí contempladas siguen siendo observadas como una reminiscencia del pasado "campesino" de los PPII y con un efecto limitado a las comunidades mapuches del sur. Esto, en el peor de los casos. En lo mejor: es una ley que abrió caminos a los derechos indígenas. Para los PPII su observación es más directa y sencilla: la ley 19.253 comenzó con un gran potencial y ha dado importantes frutos. De hecho, un poco más de 260 mil hectáreas, compradas por el Estado en virtud de esta ley, han sido restituidas en 30 años. Esto es un poco menos del 40% de la demanda histórica de las comunidades. En el ámbito social la ley generó importantes aperturas en proyectos sociales y comunitarios y becas indígenas.

Pero, en lo sustantivo, esta legislación tuvo que ser reforzada en marzo de 2008 con la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y previamente con la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas en Naciones Unidas en septiembre de 2007, y luego con la firma de Chile en la Declaración Americana de los Derechos Indígenas en el año 2016.

Así todo, y con este poderoso marco de derechos reconocidos, la sociedad chilena y los partidos políticos no han sido generosos con los PPII. Se mantienen todavía efectos importantes de la cultura dominante de racismo y discriminación. En lo político, los PPII no son apreciados, todavía, como sujetos políticos relevantes y, por tanto, sólo se merecen ser considerados como "chilenos", aun cuando el Estado y la sociedad se han construido sobre territorios ancestrales indígenas, que representan una tradición milenaria.

Los aniversarios de la Ley indígena, aprobada el 5 de octubre de 1993, ya van pasando de forma desapercibida. Para las nuevas generaciones de familias indígenas es un dato que está ahí, pero cuya relevancia es observada de manera diferente, por cuanto lo que sí se aprecia es que en diversos aspectos es una ley cuyas normas requieren ser cumplidas y fortalecidas y esto se observa en la gran cantidad de compromisos de los gobiernos hasta hoy, que no han sido suficientemente cumplidos. No obstante, y en particular en el mundo mapuche, la historia tiene un valor que va mucho más allá de lo temporal. Este es un pueblo que tiene un acervo histórico y cultural que trasciende los 213 años del Estado nacional. Es un pueblo con una historia de más de 5.000 años de pertenencia, identidad, espiritual y de lucha por sus derechos. Treinta años son un dato de este proceso y si hay algo que destaca en las luchas del Pueblo Mapuche, es su enorme paciencia y perseverancia. Algo se ha avanzado en estos 30 años, pero no es suficiente. Las actuales generaciones de familias y comunidades indígenas tienen claro que las conquistas sociales se ganan con perseverancia.